La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA)presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae u opinión jurídica, en la que plantea que el proyecto de resolución de la ministra Loretta Ortíz Ahlf, que desestima la controversia de inconstitiucionalidad interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la Ley de la Industria Eléctrica, parte de premisas erróneas y se aleja de criterios establecidos por la propia Corte.
El máximo tribunal del país, tiene previsto discutir la semana próxima, además de la controversia de la Cofece, la controversia interpuesta también contra la ley impugnada por parte del Gobierno de Colima.
En ambos proyectos Ortiz Ahlf propone declarar la validez de diversos artículos del decreto por el que se expiden adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en marzo de 2021.
Por este motivo, la Barra Mexicana de Abogados envió esta semana al máximo tribunal del país su amicus curiae, con el propósito de resaltar las cuestiones constitucionales a debatirse y para aclarar puntos en materia de energía eléctrica.
En el escrito, la barra advierte que de validarse la reforma impugnada, se estaría dando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un poder absoluto del mercado eléctrico, lo que no se traduciría en un beneficio para los consumidores o usuarios finales de energía.
Ello, debido a que a decir de la BMA el nuevo esquema implicará que se les suministre energía de centrales más costosas, ineficientes y menos amigables con el medio ambiente.
Respecto a las tarifas eléctricas, se indica que de mantenerse bajas de manera artificial conforme a la inflación, eventualmente el subsidio será pagado por los contribuyentes, es decir, que pagará más por vía de impuestos, vía precio de electricidad y por vía del incremento del precio de bienes y servicios.
La semana pasada, el Pleno de la Corte no alcanzó la mayoría calificada de 8 votos para invalidar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que se desestimó la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los senadores de oposición.