La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, denunció que el Poder Judicial ha acumulado diversas actividades “en su afán por echar abajo o desacatar el proceso de elección de jueces y magistrados“.
Durante el Noticiero Nocturno de Canal Once, Batres explicó que el máximo tribunal del país discute un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para dirimir qué autoridad debió prevalecer en la controversia abierta por la suspensión de actuaciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
“Se están cometiendo en cadena muchas violaciones a la ley de amparo y a nuestra Constitución fundamentalmente”, declaró Batres. Consideró que las irregularidades comenzaron desde el paro de actividades que personal del Poder Judicial ejecutó en oposición a la reforma judicial, que ordena la elección de personas juzgadoras.
“Se vienen cometiendo por jueces de distrito, por magistrados de circuito que han validado que se acepte, que se admita el inicio de juicios de amparo en contra de la reforma constitucional por un lado, y también en materia electoral”, apuntó.
Factores del distanciamiento
La controversia del Comité de Evaluación del Poder Judicial, al que el Tribunal Electoral ordenó retomar su participación en el proceso electoral, mientras un juez de Michoacán ordenó la suspensión de acciones, generó un distanciamiento entre el Senado y la Corte.
Esto, porque la Cámara Alta, como encargada de definir las listas de aspirantes, subrayó que continuaría con el proceso electoral, con o sin la venia de la Suprema Corte.
“Los jueces no pueden hacer lo que se les ocurra”, recriminó Batres. Dijo que la Carta Magna y otros marcos legales los obligan a fallar en favor de los intereses ciudadanos.
La aprobación de reformas obliga a las autoridades a observar su aplicación, no tratar de impedirlas, señaló la ministra Batres.
Si la autoridad encargada de hacerlas valer busca impedir su funcionamiento, las consecuencias pueden ser fuertes, declaró.
La jurista consideró que el Poder Judicial está en un estatus de cierta rebeldía, actuando en obstrucción del ejercicio de la justicia.
Recordó que la consideración o desecho del proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena requiere únicamente de mayoría simple en el máximo tribunal, es decir, el visto bueno de seis togados.