Desde el viernes 1 de noviembre, la reforma de blindaje constitucional es norma vigente, por lo cual están blindados los cambios a la Constitución, incluidos los que se hicieron con la reforma judicial, aclaró la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero.
En consecuencia, lo que decida la SCJN el próximo cinco de noviembre, con el proyecto que busca declarar parcialmente inconstitucionales los cambios al Poder Judicial de la Federación (PJF), ya no será aplicable, explicó.
“Como esa nueva norma ya es distinta, entonces se tiene que sobreseer, porque la anterior norma ya desapareció del orden jurídico. El sobreseimiento ocurre porque ya no tienes asidero para revisar esa norma”, detalló.
En entrevista con El Once, Sánchez Cordero explicó que con la aprobación de la reforma de impugnabilidad, que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece el criterio legal que anteriormente la corte había respetado.
“Ninguno de los tres instrumentos de impugnación para la revisión de la constitucionalidad de las leyes es viable actualmente, ya que nunca ha sido, porque desde siempre la Corte, si bien ha revisado los procedimientos de creación de las normas constitucionales, nunca se ha metido a revisar la constitucionalidad de esa norma”, resaltó.
Agregó que ese siempre ha sido el criterio de la Corte y no solamente de la mexicana, sino de los tribunales constitucionales del mundo.
La también diputada federal precisó que la decisión del máximo tribunal, para intentar invalidar la reforma constitucional al Poder Judicial, no forma parte de sus atribuciones.
“La norma constitucional representa, precisamente, la Soberanía Nacional del pueblo de México, a través del constituyente permanente y del poder revisor de la Constitución. Ellos no pueden decidir qué quiso o qué no quiere el constituyente, es decir la soberanía”, subrayó la legisladora.
La jurista indicó que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, con el que se busca invalidar una parte de la reforma judicial a través de un “proyecto salomónico“, carece de solidez argumentativa.
“El capítulo del cual carece, es el capítulo de procedencia. Para que tú puedas entrar al fondo de un asunto como lo hace él, necesitas hacerte cargo, en primerísimo lugar, de la procedencia; si tú no te haces cargo de la procedencia, no puedes resolver el fondo de cualquier resolución, es decir, esta norma constitucional sí y esta norma constitucional no”, finalizó.