Piso parejo, beneficiar a los consumidores, regular el mercado energético, libre competencia, despacho de la energía y/o dumping, son algunas de las palabras clave que, desde el 1 de febrero pasado, se analizan en la Cámara de Diputados, con la discusión respecto a la iniciativa preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
Para algunos analistas en el tema energético, las reformas realizadas en 2014, en nada beneficiaron a la Comisión Federal de Electricidad y, por el contrario, la colocaron en una situación de desventaja ante sus competidores privados.
La Comisión Federal ha tenido que arrastrar históricamente altos costos de operación, que no disminuyeron con la reforma energética, es decir la entrada de los competidores privados en el negocio de la generación, pues generó cifras muy buenas para ellos”, Humberto Morales, investigador de la BUAP.
La regulación que favorece a los particulares, ha tenido un impacto negativo para la Comisión Federal de Electricidad y en consecuencia para los beneficios que impactan en el interés nacional”, Eréndira Viveros, especialista en temas de energía.
Por ello, la importancia de regular este mercado.
La esencia de todo esto es realmente generar igualdad de condiciones de competencia entre la Comisión Federal de electricidad y todos los productores independientes que han entrado a lo largo de toda la historia, digamos desde 1982, y sobre todo después de la reforma energética con el presidente Peña Nieto, y que realmente compiten en condiciones absolutamente desventajosas para la Comisión Federal de Electricidad”, Rocío Vargas, investigadora de la UNAM.
No obstante, hay otros analistas que consideran que, de aprobarse esta iniciativa presidencial, representaría un retroceso en el avance tecnológico, pues se abriría la puerta a una supuesta monopolización estatal.
Al dar preferencia al despacho y venta de energía de CFE generación, limitamos las opciones de suministro a que sólo CFE pueda generar y vender energía nuestro país”, Casiopea Ramírez, analista en regulación energética.
Generará una pérdida de competitividad a la industria nacional al aumentar sus costos de producción y, consecuentemente, al aumentar el precio de los productos que consumimos. Esta iniciativa incrementaría la contaminación al medio ambiente, al poner el despacho de centrales eólicas y solares por detrás de plantas de combustibles fósiles”, Hirepann Manuel Paredes Rodríguez, representante de la Asociación Mexicana de Energía.
Otro de los argumentos para oponerse a esta reforma, es que presuntamente se afectarían los contratos ya establecidos con empresas privadas para la generación de energía eléctrica.
El daño que se ocasionaría a las finanzas públicas en caso de llegarse a aprobar esta iniciativa, ya lo dijo el centro de estudios en finanzas públicas de la misma cámara de diputados, serían indemnizaciones por alrededor de 200 mil millones de pesos y también afectación a proyectos que están actualmente en proceso de por alrededor de 450 mil millones de pesos”, Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético.
Voces expertas subrayan que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica respetarían y vigilarían los contratos privados.
No es ninguna expropiación, no hay ninguna nacionalización, se va a respetar al sector privado, nos está contraviniendo ni siquiera el tratado, el TMEC, porque en el capítulo de inversión pues realmente se estaba hablando de competencia y lo que quiere generar el gobierno mexicano es una competencia”, agregó Rocío Vargas.
El próximo 3 de marzo es la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para discutir esta iniciativa y, posteriormente, turnarla al Senado, en donde también se tendrán 30 días para analizarla y, en su caso, aprobarla.