La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 19 de marzo las reformas de simplificación administrativa y digitalización, con lo que se busca transitar a un Gobierno digital.
La medida, aprobada con 425 votos a favor, obliga a todos los niveles de Gobierno a aplicar políticas públicas de simplificación de procesos administrativos mediante digitalización y buenas prácticas regulatorias.
Propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa de ley busca garantizar que el uso de las tecnologías de información y comunicación sirva como motor para el desarrollo y el combate a la corrupción.
#ÚltimaHora 425 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Avalado, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución, en materia de simplificación administrativa y digitalización
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 19, 2025
Debate parlamentario
El diputado Fernando Castro, de Morena, dijo que con el dictamen se busca aliviar problemas estructurales en la gestión pública y garantizar el acceso a derechos fundamentales.
El trámite tradicional en la burocracia, subrayó, permite la corrupción, por lo que digitalizar contribuye a combatir ese problema.
La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, dijo que la era digital debe permitir la concentración de documentos, sin importar su institución de procedencia.
El diputado Luis Gerardo Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió proteger los datos personales.
“Es importante que no se utilicen estos datos, no solamente en el tema del hackeo, sino también en el aparato gubernamental, ¿y a qué me refiero?, pues con el tema lamentable de las elecciones, que luego el que tiene la información es el que puede llegar a las personas”, consideró.
La minuta aprobada con 452 votos a favor ordena a las autoridades de todos los órdenes de Gobierno a implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional en la materia.