Luego de ser aprobada por 22 congresos estatales, el Pleno de la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de bienestar, la cual establece derechos como acceso a vivienda, pensiones y apoyos rurales.
Las legislaturas que avalaron las modificaciones a la Carta Magna son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
“El Congreso de la Unión en la facultad que le confiere el Artículo 135 de la Constitución y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de Bienestar”, expuso Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Las reformas aprobadas establecen que la Federación entregará una pensión a las personas con discapacidad, menores de 65 años, así como a los adultos mayores. Para este fin se garantizan recursos económicos, los cuales no podrán ser menores a los asignados en el ejercicio fiscal anterior.
Asimismo, el Estado entregará apoyos anuales directos y fertilizantes gratuitos a pequeños productores del campo y pescadores.
Reforma de vivienda
Las y los diputados también declararon constitucional la reforma en materia de vivienda para las personas trabajadoras, que fue aprobada por 19 legislaturas estatales:
“Se recibieron los votos aprobatorios de las legislaturas de BCS, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y CDMX”, dijo por su parte Julieta Villalpando Riquelme, secretaria de la Mesa Directiva.
Las modificaciones constitucionales obligan a empresas agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otra índole, proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores.
Ambas declaratorias de constitucionalidad fueron enviadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).