El periodista Fabrizio Mejía sostuvo que el reciente cambio de postura de Estados Unidos sobre la reforma judicial en México responde a intereses económicos internos, más que a preocupaciones genuinas sobre el sistema legal mexicano.
Durante una entrevista exclusiva para el noticiero “Punto de Referencia”, Fabrizio Mejía analizó el cambio de postura del embajador estadounidense Ken Salazar respecto a la reforma judicial,
Y es que hace unas semanas, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, había dicho que la reforma al Poder Judicial era un asunto de México y no de Estados Unidos, sin embargo, este jueves aseguró que la elección popular de jueces y magistrados “no va a funcionar”.
Por lo anterior, Fabrizio Mejía detalló cómo este giro en la postura del diplomático estadounidense está influenciada por intereses comerciales específicos en Estados Unidos.
Mejía argumentó que la postura de Salazar está vinculada a los intereses de grandes corporaciones estadounidenses afectadas por las posibles reformas mexicanas; explicó que la oposición a la reforma está relacionada con “temas económicos sensibles”, incluido el sector energético, el maíz transgénico y el fracking.
#PuntoDeReferencia. Los intereses de la industria del maíz transgénico y del fracking estarían detrás de las nuevas declaraciones del embajador @USAmbMex, analiza @fabriziomejia pic.twitter.com/uV0eDng9cH
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 23, 2024
Fabrizio Mejía señaló que la reforma constitucional sobre el maíz transgénico podría traer afectaciones significativas a la industria del maíz en Estados Unidos, subsidiada y dependiente de fertilizantes prohibidos en México.
“Esa reforma constitucional afecta a los intereses de las empresas norteamericanas”, añadió.
Asimismo, enfatizó cómo las decisiones políticas en México podrían tener repercusiones directas en las empresas estadounidenses que han invertido en tecnologías como el fracking, impulsadas durante administraciones anteriores.
“La prohibición del fracking en México de manera constitucional deja a esas empresas sin alternativas en el mercado mexicano”, señaló Mejía.
Finalmente, Mejía argumentó que el cambio en la retórica de Salazar, quien inicialmente había declarado que la reforma judicial era un asunto interno de México, podría deberse a presiones económicas desde Washington D.C. y a la proximidad de la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026.
“Probablemente recibió presión de algún dueño o accionista de una de estas empresas que serían afectadas por la nueva mayoría calificada”, concluyó Mejía.