En seguimiento al anuncio de los cancilleres de México y de Guatemala para combatir las redes de tráfico humano y la trata de personas, responsables de la tragedia de Chiapas, ocurrida el pasado 9 de diciembre, se instaló el día de hoy el Grupo de Acción Inmediata (GAI) con los embajadores de Ecuador, Francisco Carrión Mena; Estados Unidos, Kenneth Salazar; Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores; Honduras, Gerardo Alberto Simón Yerres, y la República Dominicana, María Isabel Castillo Báez. La Secretaría de Relaciones Exteriores funge como coordinadora general de este Grupo.
El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, presidió la reunión de instalación en la que también participaron el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Bermeja; el coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Fiscalía General de la República, Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, y el subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Tagle Marroquín.
El GAI es un mecanismo multidisciplinario ad hoc y de respuesta inmediata que servirá como una mesa permanente para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable del accidente. Facilitará la coordinación entre los países tanto en la investigación criminal como en la atención a las víctimas y a los deudos. Asimismo, el GAI promoverá la revisión de los respectivos marcos jurídicos nacionales para homologar la tipificación de la trata y el tráfico de personas como delitos graves y extraditables.
Se designaron puntos focales de las dependencias nacionales competentes, los cuales sostendrán reuniones semanales, iniciando sus trabajos esta misma tarde, a fin de supervisar el desarrollo de las investigaciones y evaluar los resultados de las acciones emprendidas por cada país para combatir este flagelo, facilitando el intercambio de información en tiempo real, con base en las herramientas existentes de cooperación jurídica.
Con esta acción, México y sus socios refrendan su compromiso para unir esfuerzos a fin de desarticular las operaciones de las redes de traficantes de personas y otros delitos conexos del crimen organizado transnacional; así como para garantizar la prevención y no repetición de sucesos similares.