La Caravana de Solidaridad, compuesto por organizaciones, colectivos y redes adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, presentaron su informe para denunciar y difundir la continuidad de las agresiones a la comunidad zapatista autónoma de Nuevo San Gregorio, perteneciente al municipio autónomo de Lucio Cabañas, municipio oficial de Huixtán, en Chiapas. Estas agresiones, que suman amenazas, hostigamientos, destrucción y despojo, son perpetradas presuntamente por el grupo de “Los 40 invasores” cuyos líderes principales, afirma la caravana, son: Nicolás Pérez Pérez (exregidor del ayuntamiento de Huixtán), sus hijos Roberto Pérez Huet y Alejandro Pérez Huet, Nicolás Mosan Huet, Alonso Bolom Ara y Nicolás Gómez Pérez. Señalan que pese a las denuncias y pruebas contundentes, el Gobierno no ha atendido el caso. La convocatoria a esta caravana, hecha por la Red de Resistencias y Rebeldías Ajmaq, busca “redoblar la apuesta por la vida e insistir en denunciar la continuidad de la guerra hacia las comunidades autónomas zapatistas”. Denuncian, así que los ataques a los territorios autónomos zapatistas y a los pueblos originarios de Chiapas son una continuidad de las políticas de los gobiernos anteriores del PRI y el PAN.
“Es la acción incesante y criminal de ‘los de arriba’ para acabar el proyecto de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para seguir convirtiendo la tierra y el territorio en mercancía, sin importar las consecuencias a las que están llevando a la humanidad cada vez más y más, a un punto de colapso en todos los ámbitos”.Enfatizan que con programas asistenciales de PROCEDE, PROCECOM, FANAR y RRAJA el Estado ejerce “formas de despojo permitido con argucias legales, para perpetrar el saqueo de bienes comunes naturales y así despojar de derechos agrarios a las comunidades”. El conflicto en Nuevo San Gregorio La Caravana comparte que son 155 hectáreas de tierras recuperadas las que conforman a Nuevo San Gregorio. Desde 2019, el grupo de “Los 40 invasores” comenzó a intimidar cercando los trabajaderos y la escuela secundaria autónoma, con los árboles frutales y plantas medicinales. El 27 de febrero de 2020, la Junta de Buen Gobierno y la comunidad de Nuevo San Gregorio intentaron establecer un diálogo con los invasores, para tratar propuestas encaminadas a dividir las hectáreas y trabajarlas colectivamente, sin embargo, fueron rechazadas. Desde entonces los invasores han emprendido agresiones, “porque no buscan la tierra para vivir, sino para hacer negocio”, tal como denuncia la Caravana. Hasta la fecha, de las 155 hectáreas de tierra recuperadas, los invasores han cercado caminos, bosques, manantiales y ríos, así como el secuestro del abastecimiento de agua, robo y saqueo de cosechas y ganado.
“Los invasores han reducido el espacio y forma de vida, tránsito y producción de las familias zapatistas a tres hectáreas y media. Quedando el centro de población en media hectárea, dejando tres hectáreas dispersas y fragmentadas. Las familias, actualmente se encuentran cercadas y secuestradas en sus propias tierras”, enfatizan.Por todo ello subrayan que estos delitos deben ser denunciados porque violan derechos humanos de la comunidad, además “las tierras recuperadas son legítimamente tierras del EZLN”, concluyen.