Faltaban cuatro días para las elecciones de 1988, Carlos Salinas de Gortari era el candidato presidencial del PRI, algo que bajo las reglas del antiguo régimen, significaba tener prácticamente la Presidencia en la mano.
Pero, Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, generaba una alta simpatía entre la población, era la primera vez que un aspirante de izquierda tenía posibilidades reales de llegar al poder.
Sin embargo, el sábado 2 de julio, el viejo régimen le mandaría un mensaje al cardenismo, un mensaje que se convertiría en los seis años siguientes en el sello con el que el salinismo trato a la oposición de izquierda: Javier Ovando y Román Gil, ambos colaboradores de Cárdenas eran asesinados a mansalva en el Casco de Santo Tomas.
Ese asesinato sentó un precedente que después fue aplicado como una política sistemática de exterminio que nacía en el 89, es decir un año después de la elección’’, aseguró Elpidio Tovar, director del Instituto Político de Formación Política del PRD.
El gobierno de Salinas desarrolla una política de exterminio, prácticamente como política de estado.
Aunque estrictamente el asesinato de los colaboradores de Cárdenas no se realizó en su gobierno, Salinas ejercía ya de facto todo el poder y, a partir de ahí, se documentaría que los opositores de izquierda y civiles fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados.
En el asesinato de dirigente políticos en el gobierno de Salinas, con la herencia del PRI de un gobierno despótico y autoritario quería tener el control absoluto de toda la vida nacional’’, consideró aseguró Elpidio Tovar, director del Instituto Político de Formación Política del PRD.
Ese es el origen, el germen de esta violencia, que fue una violencia de estado.
Para Elpidio Tovar, uno de los más cercanos hombres de Cárdenas de aquel entonces y actual director de Formación Política del PRD, fueron los perredistas los que experimentaron mayormente el ataque de Salinas.
Posición que se comprueba con la reciente publicación del Centro de Investigación Independiente Noria Research de la académica Helene Combes ,quien construyó una base de datos.
Registró 265 militantes asesinados entre 1989 y 1994, los homicidios de perredistas se concentraron mayormente en cuatro estados: Michoacán con 27%, Guerrero 25%, Oaxaca 15%, Puebla 10% y el resto en otros estados.
Ante los asesinatos el PRD estableció la Fundación Ovando y Gil con la que ayudaba a los hijos de sus militantes al mismo tiempo que documentaba los ataques.
Hay estudios de porcentajes, incluso, 26%, según un estudio que se hizo, eran enviados por grupos políticos de los gobiernos; 37% por policías, policías asignados a determinadas corporaciones y un resto por ahí de 20 y tantos por militantes priistas, o sea dirigentes políticos de determinadas regiones que enviaban o impulsaban los asesinatos’’, afirmó Elpidio Tovar, director del Instituto Político de Formación Política del PRD.
Pero, las víctimas del Presidente, como las llamó el periodista Carlos Acosta, se extenderían más allá de sus opositores de izquierda, también destacados priistas, empresarios y líderes sindicales correrían la misma suerte.
Uno de ellos Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que había mantenido el poder desde Adolfo López Mateos.
Elpidio Tovar agregó que “había una acusación de que La Quina editó o por instrucciones de él, se había editado un libro, un folleto que circuló mucho en esa época, en la que se describían de alguna manera en la vida de Salinas, el asesinato de una sirvienta’’.
La Quina fue detenido en un operativo militar, el Ejército Mexicano irrumpió en su casa y en la de sus familiares, junto a él otros 30 sindicalistas fueron encarcelados acusados y condenados a 35 años de prisión por el delito de posesión de armas y sólo alcanzó la libertad por una amnistía.
Pero para Elpidio Tovar, salinas le cobró a “La Quina” una factura pendiente.
La Quina de alguna manera, más bien los trabajadores petroleros en su gran mayoría simpatizaron con el frente democrático nacional, es decir con el ingeniero Cárdenas’’, afirmó Elpidio Tovar.
Así como Salinas atacaba por una parte a la oposición, por la otra concertaba y reconocía los triunfos electorales del panismo, cuyos dirigentes como Diego Fernández de Cevallos, Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza le otorgaron al salinismo su aval de legitimidad, acuerdos conocidos como Lla Concertacesión”.
El sexenio también estuvo marcado por la tortura, el periodista Carlos Acosta recuerda en su texto del libro “Salinas en Proceso”, editado por Grijalbo y la revista Proceso, que dos de sus jefes policiacos, Miguel Nazar Haro y José Antonio Zorilla Pérez, estuvieron inmiscuidos en graves violaciones de derechos humanos.
Tan solo en el salinismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 147 recomendaciones por el actuar de autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia.
La principal tarea del régimen de Salinas fue instaurar el neoliberalismo en México y para ello tenía que combatir a aquellos que se opusieran aún con la persecusión y la muerte’’, consideró Elpidio Tovar.
La gestión de Salinas estuvo marcada por la muerte, desde antes de iniciar, pero fueron el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y el asesinato José Francisco Ruiz Massieu los crímenes que marcarían un quiebre al interior del priismo, su partido.
Su ataque a la izquierda generó el cierre de filas por la lucha democrática del país, en 1997 a la Jefatura de Gobierno de la capital del país, llegó el hombre al que, para algunos, Carlos Salinas de Gortari le robó la presidencia.