El pasado 11 de junio se presentó la audiencia pública del caso de la comunidad indígena de Choréachi respecto de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Dicha audiencia fue para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas implementadas por el Estado Mexicano con respecto a los conflictos que enfrenta la comunidad indígena de Choréachi, en el estado de Chihuahua.
Asunto Integrantes de la Comunidad Choréachi respecto de México https://t.co/HdRmqd8Dbx
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 11, 2021
La comunidad indígena Choréachi se encuentra ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, en el Estado de Chihuahua. Está integrada por la comunidad rarámuri y tiene una población aproximada de 800 hombres y mujeres, de los cuales, aproximadamente, 250 son niños y niñas.
Cabe señalar que desde el 2013, hasta la actualidad, la comunidad de Choréachi ha sido objeto de agresiones graves, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad. Además, hay presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotráfico. En la actualidad estos territorios experimentan un aumento de violencia exacerbada.
Desde 1973, en el estado suman 36 personas defensoras de la tierra, los territorios y los recursos naturales que han sido asesinadas. 14 de estas personas fueron defensoras de la Sierra Tarahumara. En 2017 y 2018 fueron asesinados Isidro Baldenegro, Julián Carrillo y Juan Ontiveros, defensores rarámuris de la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Un camino difícil, de denuncias penales
Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre AC, dijo a Once Noticias que este problema agrario ambiental tiene 22 años.
Siempre han habido agresiones de la comunidad vecina que intentan despojar, de una superficie de casi 12 mil (ha) de territorio y recurso forestal a la comunidad rarámuri, sin embargo, a partir del 2013 se agudizan y asesinan a integrantes de la comunidad, hay hostigamientos, persecución y desplazamientos”, señaló.
El año de 2013 fue un momento coyuntural, dijo Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC (CEDEHM), ya que parecía que había una estrategia que impedía la denuncia. No obstante, la comunidad, con el acompañamiento de estas instituciones, hicieron denuncias penales y en foros públicos, se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se recorrieron instituciones, sin obtener resultados favorables.
“Fue así como decidimos presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Dijo que esas medidas se hacen cuando existe una situación de extrema gravedad y urgencia para evitar sufrir daños irreparables de las personas, para que la CIDH interceda ante el Estado.
“En 2014, se otorgaron estas medidas aunque hubo un avance poco significativo: se dieron teléfonos celulares, se acordó que el gobierno del Estado y la federación se tenían que coordinar para ejecutar ordenes de aprehensión, mantener la seguridad y se proporcionaron contactos de emergencia, sin embargo, no fue suficiente, porque las agresiones y amenazas continuaron, esto provocó desplazamientos de la comunidad”, dijo.
En 2017, indicó Ruth Fierro, al ver que no se pudo avanzar más con las medidas cautelares “la CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dictara nuevas resoluciones, para tener una fuerza vinculante. Desde ahí ya no hay medidas o implementaciones adicionales. Luego, ante el incumplimiento del Estado Mexicano, dicta una segunda resolución, el 20 de junio. Nosotros pedimos que hubiera audiencia en la Corte para que viera que el Estado Mexicano no había avanzado nada”.
Violencia a personas DDH
Isela denunció que cada vez que las autoridades de Choreáchi debían reunirse con autoridades agrarioambientales había represiones, “por ejemplo, en enero del 2017 asesinaron al compañero comisario de policía Juan Ontivero Ramos”. Eso detono la urgencia de presentar el caso ante la Corte.
Al respecto, las defensoras de derechos humanos dijeron que las personas defensoras ambientales que han sufrido por estos hechos, que además han ocasionado desplazamiento interno forzado, son las que defienden a la Sierra Tarahumara y principalmente que viven en las comunidades rarámuris de Choréachi y del municipio de Guadalupe Hidalgo.
El Estado no protege a las persona defensoras del territorio y el medio ambiente, sino que toleran los asesinatos ya que prevalece la impunidad y no llega a los autores materiales”, compartió Isela González Díaz.
Ruth comentó que a los órganos internacionales le ha preocupado especialmente los casos de México y América Latina.
“Tiene que ver con que siempre se involucren otros negocios y otros intereses de poder, como tala ilegal o megaproyectos. Para Chihuahua, tenemos lamentables ejemplos, en el caso de las comunidades indígenas ya que por años, han sido asesinados ya que tienen el riesgo adicional que padecen aislamiento geográfico, no existe presencia del Estado y la defensa de la tierra se hace resistiendo con el cuerpo. Exponen sus propias vidas, su libertad e integridad”, expresó.
La defensora de CEDEMH enfatizó que: “cuando se trata de comunidades indígenas, el Estado no ha sabido adaptar estos esquemas o medidas porque no son útiles en comunidades indígenas”.
Señaló que ofrece medidas que no son útiles en comunidades indígenas porque no responde a los contextos reales.
Les dan teléfonos de satélite, hay rondas de vigilancia, pero en estos lugares tan lajeados luego no hay señal o sólo hay en lugares específicos. Un escolta no es la solución, porque son contextos distintos hay muchos retos del gobierno Federal para implementar medidas y proteger a defensores en comunidades indígenas. En el caso de Choréachi las medidas no son suficientes y que ni siquiera se acercan tantito al riesgo que enfrenta la comunidad”, detalló.
Expectativas del caso ante la Corte IDH
Isela enfatizó que en la Audiencia Pública de la Corte IDH se evidenció la incapacidad el Estado para resolver el problema de fondo.
Además, dijo que, hacen un llamado al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que revisen el caso de fondo y conozcan las condiciones en la que se encuentra la comunidad.
“Porque lo que ocurre en esta comunidad es una muestra de lo que ocurre en las comunidades indígenas más alejadas (…) No sólo han perdido la vida las personas también han sido desplazadas las familias, hay miedo y se pierde un patrimonio tangible e intangible. No más simulación, porque lo que sucedió en la Corte fue un simulación”, precisó la directora de Alianza Sierra Madre.
Ambas defensoras dijeron que se necesita resolver las causas estructurales: el olvido a las comunidades, la discriminación y el reconocimiento de sus derechos humanos (sus derechos a la salud, culturales, sociales).