El 19 de octubre de 2001 quedó marcado como uno de los días más tristes en la historia de las y los defensores de los derechos humanos en México. Aquel día, Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su oficina en la colonia Roma, en la capital del país.
La abogada Digna Ochoa trabajó en casos sobre violaciones a los derechos humanos presuntamente perpetrados por funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas. Durante años presionó a las autoridades para que los responsables de estas arbitrariedades fueran llevados ante la justicia.
Casos emblemáticos
En la década de los 90, Digna Ochoa trabajó en casos que cimbraron a la sociedad mexicana, como los hechos en Aguas Blancas, donde el 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados y 14 más fueron heridos por agentes judiciales del estado de Guerrero.
También se involucró en el caso de El Charco, en junio de 1998, donde militares rodearon una escuela primaria en Ayutla de los Libres, Guerrero, lugar en el que se encontraban varias personas indígenas, iniciando una balacera que dejo sin vida a 10 indígenas na savi y un estudiante universitario.
Asimismo, investigó el caso Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando 60 paramilitares masacraron a 45 personas indígenas, entre las victimas había 18 mujeres.
Amenazas y secuestros previos a su muerte
Su labor fue reconocida por diversos premios como la Medalla Roque Dalton, el Premio de Amnistía Internacional, y la Medalla Espíritu Perdurable, que recibió de manos del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
La vida profesional de Digna Ochoa tomaba cada vez más relevancia; sin embargo, su carrera fue cortada de tajo, cuando fue encontrada sin vida en su centro de trabajo en 2001.
Luego de conocerse su muerte, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal atrajo la investigación, y en 2003 propuso a la Coordinación de Agentes de Ministerio Público descartar la hipótesis del homicidio por considerar que se trató de un “suicidio disimulado’’, hipótesis que años más tarde fue rechazada.
El 6 de mayo de 2003 los familiares de Digna Ochoa ofrecieron a la fiscalía pruebas periciales que apuntaban a que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero estas fueron rechazadas o incluidas parcialmente.
Meses antes de su fallecimiento, Digna fue objeto de amenazas y secuestros, como el que sufrió el 9 de agosto de 1999 cuando fue privada de la libertad por un grupo de desconocidos que además le robaron pertenencias.
En el mes de septiembre de ese mismo año, se recibieron amenazas en su contra en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín “Pro Juárez (PRODH) donde laboraba.
Corte Interamericana responsabilizó al Estado Mexicano
En noviembre de 2021, 20 años después del crimen, el 25 de noviembre de 2021, día memorable para los defensores de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia “Digna Ochoa y Familiares vs. México” en la que declaró que la investigación del caso fue deficiente, y que el Estado Mexicano fue responsable por la falta de protección de los derechos humanos de Digna por su labor como defensora.
Se encontró al Estado Mexicano responsable de violación al artículo 4 (vida) articulo 5 (integridad personal), articulo 8 (garantías judiciales), articulo 11 (honra y dignidad), articulo 25 (protección judicial y articulo 1 (obligaciones generales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La resolución fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó algunas reparaciones del daño, entre ellas:
- Promover y continuar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables, acorde a lo señalado en la sentencia.
- Publicar la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
- Crear un reconocimiento con el nombre “Digna Ochoa y Plácido”, el cual se otorgará anualmente a personas defensoras de derechos humanos.
En cumplimiento con la sentencia, el 19 de octubre de 2022 se llevó a cabo un acto de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado Mexicano y se ofreció una disculpa pública a la Defensora Digna Ochoa y Plácido, así como a sus familiares.