La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Gobierno mexicano a proteger la vida de 11 jesuitas de Cerocahui, en el estado de Chihuahua (norte), porque se hallan en “una situación de gravedad y urgencia”, en un comunicado publicado este martes 31 de enero.
Los jesuitas “han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales”, asegura la CIDH.
El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura haber reforzado las medidas de seguridad en la región de Chihuahua, pero la CIDH estima que “no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger” a los jesuitas.
Como consecuencia, este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estima que los 11 religiosos se hallan “en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal”.
México debe adoptar “las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal” y asegurarse de que puedan “continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra”.
La CIDH reconoció las dificultades geográficas que se presentarían al momento de implementar medidas de seguridad más inmediatas; Sin embargo, no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las once personas de la comunidad jesuita.
Considerando el contexto de violencia e inseguridad que afecta especialmente a los habitantes de la región de Tarahumara, Chihuahua, y tras analizar la información presentada por ambas partes, la CIDH consideró que las personas beneficiarias se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, se solicita al Estado de México que:
- adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas, se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros;
- adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra;
- concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y
- informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de México no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.
México se ve sacudido por una ola de violencia ligada al narcotráfico en medio de la cual han sido asesinadas más de 340.000 personas desde diciembre de 2006, según cifras oficiales.
Papa Francisco muestra su consternación por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas
El 22 de junio, el Papa Francisco expresó su consternación tras el asesinato de dos jesuitas en México.
“Tantas muertes en México. Estoy cerca, con el afecto y la oración, de la comunidad católica golpeada por esta tragedia. Repito una vez más que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento inútil”, declaró Jorge Bergoglio.
Este ataque, que tuvo lugar en las remotas montañas del estado de Chihuahua, donde los sacerdotes realizaban un trabajo social y pastoral con indígenas tarahumara, sacudió a México.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó la “tragedia” y exigió una pronta investigación, además, de seguridad para los sacerdotes del país.