El pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó un acuerdo para concentrar en un solo juzgado de la Ciudad de México, los 180 juicios de amparo interpuestos contra la prisión preventiva justificada y cuya vigencia de ésta sea resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así lo anunció el ministro presidente, Arturo Zaldívar, durante su conferencia mensual, en la que señaló que esta decisión marcará un giro de 180 grados y un parteaguas en la impartición de la justicia en México.
Después este asunto, se recurrirán ante un Tribunal Colegiado de Circuito, pero con la posibilidad, que espero que se actualicen para que la Primera Sala de la Corte atraiga estos asuntos y podamos determinar cuál es o deben ser los requisitos, los elementos y los parámetros, que se deben tomar por los juzgados, para fijar la prisión preventiva”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Luego de informar que como parte del compromiso de revisar la prisión preventiva oficiosa y justificada, para terminar con el abuso de esta medida cautelar, han promovido 238 incidentes de revisión, con la resolución a favor de la modificación en 24 incidentes, Zaldívar afirmó que su visita al penal femenil de Santa Martha está dando resultados tangibles.
A raíz de la confianza que hemos ido ganando en las mujeres en Santa Martha, cada vez han llegado más comunicaciones de mujeres que quieren ser defendidas en este momento. De las entrevistas con defensoras y defensores públicos federales, 932 mujeres, han sido entrevistadas a solicitud de ellas, y estamos asumiendo la representación de 463 mujeres hasta el día de hoy”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El presidente de la Corte dijo que ni las críticas de que todavía hay jueces corruptos, ni las investigaciones de la Fiscalía General al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, lesionan la imagen del Poder Judicial.
Recordó que desde el inició de su gestión, en 2019, el Consejo de la Judicatura cesó de sus cargos a nueve defensoras y defensores públicos federales del caso Ayotzinapa, por irregularidades en la defensa de las víctimas.
