La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad solicitaron al Gobierno de México, a través de una carta, la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad, una comisión de la verdad y memoria histórica, así como un modelo de reparación extraordinaria.
Ambas organizaciones civiles consideran que la creación de los tres mecanismos propuestos en la misiva debe ser consecuencia de la Consulta Popular realizada el pasado 1 de agosto.
Dicha carta fue enviada al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La petición que hacemos al Gobierno federal busca iniciar un proceso que esclarezca los hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones a los derechos humanos en México, así como de la impunidad y la violencia estructurales. Nuestra petición tiene como sustento el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Derechos Humanos y la Ley de Planeación que obliga a las autoridades a su cumplimiento”, indicó la CMDPDH.
“Acudimos al derecho de petición como un recurso urgente en respuesta a una situación insostenible y ante la falta de voluntad política por parte de las autoridades. México no puede continuar siendo un país de víctimas, sin acceso a la verdad, al Estado de derecho y sumido en una crisis de derechos humanos, de violencia e impunidad sin precedentes”, aseveró.
Las organizaciones civiles afirman que con la creación de los tres mecanismos que solicitan se contribuirá a crear las condiciones para que las víctimas de violaciones graves de derechos humanos obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Tanto la CMDPDH como el Movimiento por la Paz hicieron un llamado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a sumarse a una Campaña Nacional por la Justicia y la Verdad.
Ejercemos nuestro derecho de petición en respaldo a las víctimas y movimientos que en el contexto de la Consulta Popular celebrada el pasado 1 de agosto, nos recordaron la deuda histórica del Estado mexicano frente a su obligación de garantizar la verdad y la justicia a las miles de víctimas de atrocidades”, señalan ambas organizaciones.