La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su repudio en contra de las agresiones físicas cometidas contra la defensora de los derechos humanos de las mujeres trans y trabajadoras sexuales, Natalia Lane, durante la madrugada de este domingo.
Por ello, llamó a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes hasta dar con el o los responsables.
Además, la CNDH reiteró su exhorto a todas las autoridades, a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales, para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos desempeñen de manera libre y segura su labor.
Ellos son garantes contra la impunidad y promotores de la observancia de los derechos humanos, además de que sus acciones son fundamentales para la consolidación de un país más justo, libre, democrático y plural”, expuso la Comisión.
Asimismo, indicó que hasta que la dignidad de todas las personas LGBT+ se haga costumbre y se respete a plenitud, la CNDH trabajará reconociendo que México no será un país más justo sin la diversidad sexual.
“La orientación sexual, la identidad de género, la identidad cultural y las características sexuales, no son un motivo por el cual se deba agredir o restringir a las personas sus derechos humanos y el acceso a oportunidades escolares, laborales, políticas y sociales de cualquier índole”, concluyó el organismo nacional.
La CNDH también condenó la irrupción violenta en el domicilio de la profesora y defensora de derechos humanos de las mujeres en Oaxaca, Rogelia González Luis, ocurrida el pasado 13 de enero, en Juchitán, por lo que demandó a las autoridades investigar los hechos.
Señaló que, de acuerdo con las denuncias, cuatro personas armadas entraron por la fuerza su domicilio de la profesora, por ello, solicitó a las autoridades correspondientes averiguar el caso, bajo los protocolos existentes y con perspectiva de género, a fin de encontrar a los responsables y que sean presentados ante las autoridades.
Además, dijo que ante este evento, solicitó a las autoridades emitir las medidas de protección necesarias, que permitan garantizar la vida e integridad de la activista.
Todo ello conforme al Artículo Primero Constitucional, que establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas, así como reparar las violaciones a los derechos fundamentales señaló la CNDH.
El organismo nacional también consideró que el estado de Oaxaca no puede ser omiso ante las agresiones cometidas contra la defensora, por lo que debe poner en marcha las acciones para inhibir conductas de este tipo y enviar un mensaje contundente de cero tolerancia hacia la violencia contras las mujeres.