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CNDH condena homicidio del vocero yaqui Tomás Rojo Valencia

Con un enérgico llamado a las autoridades a garantizar la vida, seguridad e integridad de defensores de derechos humanos y familias de víctimas de la violencia en todo el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato de Tomás Rojo Valencia, integrante de la comunidad yaqui, en Sonora.

La CNDH puntualizó que ha documentado el homicidio de 69 personas defensoras de derechos humanos desde el 2006, y nueve de éstos ocurrieron este año.

Recordó que Rojo Valencia estaba desaparecido desde el pasado 27 de mayo, y de acuerdo con familiares, el asesinato está relacionado  con su activismo en la región, ya que fue portavoz de los pueblos en resistencia durante la construcción y posterior operación, del acueducto independencia en esa entidad.

El organismo nacional señala que, con base en información obtenida a la fecha, el pasado 18 de junio, fue localizado el cuerpo del defensor, en una fosa clandestina, ubicada a 12 kilómetros al sureste de Vícam, y a dos kilómetros al este de la carretera estatal 29, en Sonora.

Luego de expresar sus condolencias y solidaridad a la familia, la Comisión afirmó que en el seguimiento del caso, no pasa desapercibido que, desde el pasado 17 de junio de 2021, la también activista Lorena Josefina Valenzuela Esquer, integrante de la comunidad yaqui, se encontraba desaparecida.

Valenzuela Esquer fue localizada por elementos de la policía municipal de Puerto Peñasco.

La CNDH que ante estos hechos, demanda a la autoridad de procuración de justicia indagar de manera exhaustiva, con especial atención en la posible relación de estos con la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas, coordinando además las acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas.

Reiteró su preocupación por la ausencia de efectividad, eficiencia y vigencia de acciones, políticas públicas y estrategias oficiales, en los tres órdenes de gobierno, para prevenir agresiones, incidentes y riesgos, así como para garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas defensoras de derechos humanos.

Ya que este tipo de acontecimientos desfavorecen las causas que defienden como, en este caso, los intereses y derechos de la comunidad yaqui.

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