La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, por violaciones a los derechos humanos de una trabajadora despedida de manera injustificada por estar embarazada. De acuerdo con las investigaciones hechas por el organismo nacional, se acreditó que no se le renovó contrato a pesar de que las personas servidoras públicas adscritas al SAT involucradas en los hechos, estaban enteradas del estado de gravidez de la víctima.
“Las y los servidores públicos del SAT incurrieron en violaciones a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación laboral, y a la protección de la maternidad de las trabajadoras, sufridas por la mujer empleada en esa dependencia”, precisó la Comisión.La víctima presentó la queja ante la CNDH el 02 de febrero de 2022, al considerar que se cometió con ella un hecho de discriminación, violación a sus derechos laborales y los inherentes a la etapa de embarazo y maternidad. Refirió que fue contratada a partir del 16 de agosto de 2021 en el SAT, con funciones administrativas; sin embargo, a partir del 21 de noviembre, le fue asignada otra área de trabajo con actividades de campo, no obstante, que informó de su estado de gravidez y que contaba en ese momento con aproximadamente 21 semanas de gestación. En respuesta, el 31 de enero de 2022 se le notificó que ya no le darían continuidad a su contrato, informándole que desconocían el motivo y que no le otorgarían liquidación alguna, pese a que se encontraba en etapa de gravidez con 31 semanas de gestación. Derivado de ello, la CNDH pidió al SAT que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la inscripción de la persona agraviada en sus derechos en el registro nacional de víctimas y se proceda a la reparación integral del daño, que incluya la compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas. De igual forma, que se colabore con el Órgano Interno de Control en el SAT en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de las personas servidoras públicas señaladas, por probables faltas administrativas.