La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía y al fiscal del estado, Arturo De Jesús Peimbert, por el desplazamiento forzado alrededor de 200 familias triquis de Tierra Blanca Copala.
El organismo nacional refirió que el 26 de diciembre de 2020, habitantes de dicha comunidad indígena fueron agredidos por un grupo de personas armadas, lo que dejó como saldo una persona fallecida y a tres de sus descendientes menores de edad lesionados de gravedad.
Los habitantes de Tierra Blanca Copala, agregó, tuvieron que encerrarse en sus casas porque las agresiones continuaron hasta el día 29 de ese mes, periodo en el que fueron despojadas de sus propiedades y, ante el temor de perder la vida, cerca de 200 familias se vieron obligadas a huir de su comunidad.
Indicó que posteriormente, el 6 de enero de 2021, una comitiva de 50 mujeres en situación de desplazamiento, acompañadas por diversas autoridades, regresaron a la comunidad para verificar las condiciones de retorno seguro, donde se percataron que los “paramilitares” habían saqueado algunas casas, además de encontrar en uno de los domicilios, el cuerpo sin vida de una mujer adulta.
A pesar de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local acompañaron el intento de retorno a la comunidad, sólo permanecieron tres días. Al cuarto se retiraron, argumentando que también habían sido amenazados por los agresores.
Aun cuando las víctimas solicitaron el apoyo de diferentes autoridades estatales, este no fue otorgado, no obstante que al sitio fueron enviados elementos de la policía estatal y Guardia Nacional.
La CNDH detectó que personal de la Fiscalía General de la entidad ha sido omiso en practicar diligencias de investigación eficaces para el esclarecimiento de los hechos y tampoco han solicitado la colaboración de autoridades federales para entrevistar a las víctimas e identificar a los responsables.
La CNDH solicitó a las autoridades oaxaqueñas reparar integralmente el daño causado a las víctimas, proporcionándoles tratamiento médico y psicológico que requieran.
Pidió, además, elaborar un registro de las personas desplazadas y poner en marcha un plan de soluciones duraderas y reparación colectiva que atienda a las víctimas de desplazamiento forzado, con medidas de protección.