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CNDH emite recomendación por daños ambientales en el municipio La Colorada

Salvador Martínez

Imagen retomada del gobierno de Sonora

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y de Economía, Tatiana Clouthier, por no prevenir, investigar, sancionar y reparar la persistente afectación a los derechos al medio ambiente sano, al acceso al agua potable y a la vivienda adecuada de los habitantes del poblado de La Colorada. Esta petición, dijo la CNDH, también fue dirigida a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza, al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y a las autoridades del Ayuntamiento La Colorada, ya que tanto las autoridades federales, estatales y locales incurrieron en incumplimientos legales al no regular y vigilar la aplicación de leyes y reglamentos en la Unidad Minera ubicada en el centro de esa localidad sonorense. La CNDH detalló que la Semarnat no evalúo de manera integral el Proyecto Unidad Minera La Colorada y en 2018 lo hizo solo de manera parcial y que tampoco consideró los impactos acumulativos y sinérgicos de las actividades extractivas de la Minera en el municipio, lo que causó graves daños.
“La Profepa atendió de manera eficiente las denuncias que se le presentaron en el caso de La Colorada y el Gobierno estatal de Sonora no emitió un Ordenamiento Ecológico Territorial, o bien un Plan Director de Desarrollo Urbano, instrumentos necesarios para la gestión de usos de los suelos y protección ambiental”, señaló.
Asimismo, la CDNH consideró que el Gobierno municipal de La Colorada no elaboró, junto con el Gobierno estatal, un Ordenamiento Ecológico Territorial o un Plan de Desarrollo Municipal que contemple la zonificación adecuada y con perspectiva de derechos humanos en el poblado, además de que es responsable del deficiente suministro del agua potable en esa zona. Por todo ello, la CNDH pidió a la Semarnat, Profepa y Gobierno de Sonora, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reparar el daño integral a las y los habitantes del municipio La Colorada, afectados en sus derechos por las obras y actividades mineras.
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