La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por no analizar a unos adolescentes migrantes que resultaron positivos a COVID-19, en la estación migratoria de Palenque, Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la CNDH, personal del INM incurrió en violaciones a los derechos humanos, al trato digno, a la seguridad jurídica, a la protección de la salud y al interés superior de la niñez, en agravio de personas en contexto de migración internacional. Los trabajadores del INM no canalizaron a los migrantes contagiados a un lugar especializado para su atención, además del reiterado hacinamiento en dicha estación migratoria, donde alojaba a los migrantes hasta en 126% por arriba del límite de la capacidad de las instalaciones. La Comisión dijo contar con elementos que evidencian violaciones a los derechos humanos de las personas en calidad de migrantes, alojadas en la estación migratoria de Palenque. Sostuvo que durante 7 meses el INM no procuró que las personas alojadas con las medidas preventivas adecuadas, lo que trajo como consecuencia que no contaran con un espacio digno de descansar. Además de que por estas condiciones, dijo, se vieron expuestas a un incremento en las posibilidades de contagio de COVID-19. Sumado a lo anterior, agregó, el INM omitió realizar acciones necesarias a efecto de atender a un grupo de adolescentes diagnosticados con COVID-19, ya que no se les atendió en un área específica de aislamiento para personas con síntomas sospechosos. Por ello, la CNDH solicitó al comisionado del INM realizar las acciones necesarias y humanamente posibles para localizar las víctimas, y en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se procesa a la reparación integral por los daños causados. Solicitó también al INM que diseñe e imparta un curso integral a sus funcionarios en Chiapas, sobre el derecho a la protección a la salud, trato digno, al interés superior de la niñez migrantes y a la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos migratorios.