La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a diversas leyes, para ampliar el catálogo de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa.
Estas enmiendas al Código Penal, aprobadas recientemente por el Congreso, vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de la presunción de inocencia, establece la CNDH.
La ombudsperson nacional advierte que dichas enmiendas al Código Penal Federal, así como a la Ley General en materia de Delitos Electorales y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada, entre otras, distan mucho de ajustarse al principio de excepcionalidad y están apartadas de estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sostiene que las reformas, lejos de generar que la medida sea aplicada de manera excepcional y casuística, ordenan que en todos los casos en que un juez de control esté ante la probable comisión de cualquiera de los delitos agregados, deberá ordenarse la prisión preventiva en perjuicio del imputado, afectando con ello sus derechos humanos.
La demanda presentada ante la Corte, puntualiza que las normas impugnadas transgreden los derechos fundamentales de las personas, al ordenar que las personas deberán ser privadas cautelarmente de su libertad, aun cuando no se ha ventilado un proceso con las formalidades correspondientes, para demostrar con las pruebas de culpabilidad en los hechos que se le imputan.