La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones del decreto por el que se expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República y otros ordenamientos legales.
En la demanda, el organismo nacional plantea que el decreto publicado apenas el pasado 20 de mayo en el Diario Oficial de la Federación vulnera los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y el principio de presunción de inocencia, entre otros.
La acción de inconstitucionalidad deriva del trabajo de análisis realizado en conjunto con diversas organizaciones civiles, que consideran que la nueva ley de la FGR la deslinda de responsabilidades y obligaciones en la procuración de justicia, para investigar y sancionar delitos como el de las personas desaparecidas y la violencia contra mujeres.
Entre otras disposiciones impugnadas del decreto, están las modificaciones hechas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la general para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas; la general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas.
La CNDH sostiene que las disposiciones impugnadas de la reforma condicionan y limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la protección a defensores de los derechos humanos, y en las investigaciones sobre personas desaparecidas y prevención de la violencia contra las mujeres.
Ello, agrega, debido a la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República en diversas instituciones, pues se sujeta su participación a su carácter autónomo.
Es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, misma que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y comisión de que se trate.
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