“Les puedo decir que el presidente de la República toma Coca Cola todos los días, Coca Cola Light, espero que eso sea una buena publicidad”, dijo el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
En el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Coca Cola logró mantener cierto control de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“La Cofepris de Mikel Arriola, estaba en contubernio con las industrias, para sus propios intereses de las industrias”, dijo Javier Zúñiga, coordinador del área jurídica del Poder del Consumidor.
“Hay una serie de personajes que han pasado tanto de las filas de Coca Cola hacia al servicio público, como del servicio público a las refresqueras”, señaló la periodista Kennia Velázquez.
Hace unos días Alejandro Svarch, actual comisionado, denunció el secuestro de la dependencia.
“La Cofepris se volvió un espacio donde intereses perversos confluían con mucha naturalidad con sus actividades del día a día, empresas deshonestas marcaban la pauta para la creación de las reglas del juego, favorable a sus bolsillos”, comentó el titular de Cofepris, Alejandro Svarch.
En 2014, la dependencia, entonces a cargo de Mikel Arriola, impuso un etiquetado sobre contenidos calóricos en diversos productos, sugerido por Coca Cola, pero la información era engañosa.
Por ejemplo, en una de sus botellas de 600 mililitros, la empresa informaba solo de las azucares y calorías de 200 mililitros y el número de porciones por envase, lo que generaba confusión.
Asociaciones civiles como el poder del consumidor, incluso la Organización Mundial de la Salud, se opusieron, pero la autoridad hizo caso omiso.
“La Cofepris en dirección de Mikel Arriola, y con una de sus manos derechas que era Patricio Caso, decidió hacer obligatorio este etiquetado”, agregó Zúñiga.
Las periodistas Kennia Velázquez y Elizabeth Rosales, documentaron en su reportaje “las fichas de Coca Cola”, la relación perversa que había entre funcionarios y la trasnacional.
“Parece que la gente de Cofepris está asesorando legalmente a Coca Cola. Esta camarilla de Mikel Arriola, de varios que menciono, de Patricio Caso, de Verver y Vargas Duarte”, añadió Kennia.
Esta relación se conoció porque poder del consumidor interpuso un recurso legal en Estados Unidos, conocido como Foreign Legal Assistance y tuvo acceso a las comunicaciones.
“Coca Cola company nos dio una serie de correos en los cuales funcionarios de Cofepris intercambiaban correos con Patricio Caso y con miembros de Coca Cola México ¿Qué muestran estos correos? que Cofepris de alguna manera atendía los intereses de una empresa transnacional, que tenía un objetivo muy claro, la preservación de este etiquetado engañoso”, señaló Zuñiga.
Un ejemplo de esos correos es el que el vicepresidente jurídico de la refresquera envío a Itzel Karim Vargas Robledo, entonces subdirectora del área jurídica de Cofepris, a quien le dice que puede coadyuvar con información relevante y ella agradece el apoyo.
La periodista Kennia Velazquez recuerda la resistencia que hubo para abrir el expediente sobre el etiquetado, pero después entendieron los motivos.
“Nos dimos cuenta que una de las personas involucradas en los correos de Coca Cola, era la entonces titular de Transparencia de Cofepris, Mónica Tellez y dijimos aquí hay un conflicto de interés, porque estaba involucrada, semanas antes de que saliera el reportaje fue removida del cargo”, dijo Kennia.
En México, desde en el año 2000 se registró un alza de muertes asociadas a diabetes mellitus superior a los homicidios dolosos; para 2013, más de 94 mil personas fallecieron por la enfermedad, asociada al alto consumo de azúcar, mientras que el homicidio registró 20 mil casos.
Justo en 2013, mientras se discutía el etiquetado, Peña Nieto lanzó la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes; y ahí tuvo un invitado.
“El presidente de Grupo Coca Cola Company en Latinoamérica, señor Brian Smith”, comentó Peña Nieto.
Para 2014, Cofepris avaló el dañino etiquetado elaborado, según documentos oficiales, por patricio caso prado, en ese entonces director general adscrito en Cofepris. Ese mismo funcionario, en 2021 se incorporó a las filas de Coca Cola.
“Durante años estuvimos denunciando que el etiquetado beneficiaba a las empresas y Cofepris lo negó categóricamente, presentó apelaciones a nuestros amparos, influyó en los ministros de la Suprema Corte en ese momento, desechó las recomendaciones de académicos, de expertos”, puntualizó Zúñiga.
El etiquetado dañino se cambió con la llegada del gobierno de López Obrador, pero pasaron más de ocho años para que, con un ayuda de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina, el gobierno recuperara el control de Cofepris y destituyera a 37 funcionarios, que atendían a otros intereses.
En el caso de Mikel Arriola y Patricio Caso, ya fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública por la Asociación del Poder del Consumidor.