En la ciudad fronteriza de Tijuana se abrió la primera clínica que prestará el servicio de interrupción legal del embarazo, luego de que el pasado 30 de octubre de 2021 se despenalizó en Baja California.
Esta clínica privada es impulsada por Fundación Marie Stopes, cuya presencia se extiende por 37 países y nueve entidades de México. La más reciente en Baja California. Es la primera vez que se instala una clínica de FMS en ciudad fronteriza, luego de los cambios legislativos para legalizar la interrupción del embarazo, el año pasado.
La clínica se ubica sobre Paseo de los Héroes, en Zona Río, cerca de la garita de San Ysidro. Además, tal como informó Araceli López Nava Vázquez, directora general de Fundación MSM, ofrecerá servicios de salud sexual y reproductiva, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, vasectomía y colposcopia.
Sin embargo, Colectiva Bloodys, que forma parte de la Red de Acompañamiento Feminista en Tijuana, expresa preocupación y temen que no sea accesible a todas las mujeres sino que quede restringido a quien tiene recursos económicos y que aumente el turismo médico.
Crystal Pérez Lira, Fundadora de Bloodys Tijuana, compartió en entrevista con Once Noticias que hay varias cuestiones que les preocupa sobre el tema, entre ellas, la ubicación y que al ser una clínica privada sus costos sean inaccesibles.
Pérez Lira dijo que la clínica está ubicada en la zona financiera de Tijuana, una de las más caras de la ciudad, y su posición es estratégica, por la cercanía del cruce fronterizo.
Recordó que Tijuana se reconoce como una ciudad en la que se ha incentivado el turismo médico, ya que los servicios de salud, venta de medicamentos –que del otro lado son muy caros o están restringidos– y servicios quirúrgicos, están enfocados al mercado estadounidense, pero no al mercado local, por lo que la fundadora de Bloodys expresa preocupación que con el aborto pueda ocurrir lo mismo y se vea restringido a un mercado específico.
“El aborto es una realidad en Tijuana. Está el contexto legal, pero aún no está garantizado el acceso a todas. El Estado está obligado a garantizar ese acceso. Nosotras encantadas de ver apertura de opciones, pero debemos empujar el acceso para todas las mujeres”, señaló.
Temen que su ubicación sea inaccesible a las mujeres que viven en las periferias y que no puedan acudir a la clínica. También que por sus altos costos (según datos de la FMS los precios van de 2 mil 999 hasta los 6 mil 999 pesos) las mujeres migrantes o de escasos recursos se vean imposibilitadas para acceder al servicio.
Por su parte, Araceli López Nava Vázquez afirmó durante la inauguración que buscan que ninguna mujer se quede sin acceso a interrumpir su embarazo y que tienen descuentos que van desde 5% hasta 100% del costo del servicio.
Por otro lado, Pérez Lira criticó que han recibido información de que el Estado “pone trabas para realizar estas interrupciones”. Y es que, aseguró la activista, el programa de Aborto Seguro, activo desde 2020 en Baja California, pide ciertas condiciones, por ejemplo, para solicitar el procedimiento las mujeres deben llevar ultrasonidos y deben realizarles un perfil psicológico.
Pérez Lira dijo que el Estado está obligado a prestar el servicio sin condicionantes.
¿Y qué pasara con las mujeres de Estados Unidos que requieran un aborto en Tijuana?
Al conversar sobre la situación del aborto en Estados Unidos dijo que con la revocación de Roe vs Wade, muchas mujeres se verán obligadas a desplazarse, incluso a ciudades fronterizas mexicanas, pero que hay muchas consideraciones al respecto, ya que es una inversión económica y de tiempo para ausentarse de trabajos, escuelas o de sus casas.
Además considera que el panorama se complejiza por otros factores sociales como el estigma que hay sobre ciudades fronterizas.
Señaló que las mujeres con recursos económicos serán las que tendrán la posibilidad de viajar a México, pero no ocurrirá igual para mujeres migrantes que no pueden cruzar, debido a que no tienen papeles o que se verán imposibilitadas para ausentarse de sus empleos o de sus casas.
Ante esa situación dijo que la interrupción con medicamento es la principal opción y que la Colectiva Bloodys ya ha enviado medicamentos a Estados Unidos y han sido acompañantas virtuales. Asimismo tienen un espacio en el que acompañan procesos de aborto de forma presencial a mujeres migrantes, principalmente.
Finalmente, la fundadora de Bloodys enfatizó que el Estado, en trabajo conjunto con sociedad civil (como en el caso de la FMS) y las colectivas, debe asegurar el aborto seguro, legal y gratuito, por lo que señala que esperan unir esfuerzos a favor del derecho de la interrupción del embarazo de las mujeres.