El colectivo de
Familias Unidas Contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos denunciaron que en el municipio de
Villaflores, Chiapas, las instituciones de justicia actúan en complicidad para fabricar delitos y culpables, realizar detenciones arbitrarias e ilegales y simular el acceso a la justicia.
El colectivo, desde 2015 hasta la actualidad, ha reunido testimonios sobre las prácticas ilícitas por parte de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, la comandancia de Policía Especializada de la región Fraylesca, y el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.
“En la conformación del grupo de familiares [del colectivo] somos al menos 10 familias víctimas y sobrevivientes en la región de Villaflores”, compartieron.
“Las Fiscalías en esta región se han encargado de integrar
expedientes penales con informes viciados, testigos, declaraciones obtenidas con identificaciones de
personas no involucradas y cateos ilegales. En la administración de justicia, es evidente la complicidad por parte de Jueces de Control y Enjuiciamiento con Fiscalías en Chiapas, ya que los
jueces no excluyen datos de prueba obtenidos con violaciones a derechos humanos, admiten indagaciones de las Fiscalías sin un análisis y con valor probatorio fehaciente”, señaló el colectivo.
Asimismo, denunciaron que sus familiares privados/as de su libertad han atravesado por diversas
violaciones a sus derechos humanos, entre los que resaltan que
no han tenido derecho a ser informadas sobre las razones de su detención y de los cargos formulados en su contra, y a ser informadas sobre sus derechos y garantías.
“A disponer de un traductor e intérprete durante el proceso; y a comunicarse debidamente con su familia. No han tenido derecho a ser oídas y juzgadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para ejercer funciones judiciales, o a ser puestas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso; a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; y a no ser juzgadas dos veces por los mismos hechos”.
Toda esta situación, afirman, es del conocimiento de los representantes estatales, por lo que responsabilizan a Olaf Gómez Hernández, fiscal general del Estado de Chiapas; Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado; Juan Óscar Trinidad Palacios, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; así como a jueces de control y de tribunales de enjuiciamiento, de la continuidad de estas acciones que recaen en violaciones de derechos humanos.
Ante ello solicitan que sus
familiares sean liberados; piden investigación efectiva y castigo a Fiscales y perpetradores, además de que los jueces actúen bajo un marco de legalidad.
La
Organización Familias Unidas Contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos se conformó hace apenas poco más de un mes, con el objetivo de denunciar los casos de tortura de las que han sido víctimas sus familiares, lograr acceder a la justicia, obtener la libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños.
En Chiapas la tortura y fábrica de culpables es una práctica constante, en la que se busca criminalizar a la población vulnerable para fines políticos, de seguridad y de resultados eficientes simulando justicia”, enfatizaron.
