Integrantes del colectivo “Pena Sin Culpa” se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que se lleven a cabo audiencias públicas para analizar la figura de prisión preventiva oficiosa.
Esta medida cautelar permite enviar a prisión de manera automática a una persona acusada de delitos graves como secuestro, homicidio doloso, enriquecimiento ilícito y violación, entre otros.
La solicitud busca que las más de 40 mil personas privadas de la libertad en el país bajo esta figura, sean escuchadas.
Entre las personas activistas estuvieron Brenda Quevedo, acusada y torturada por el caso de Hugo Alberto Miranda; Israel Vallarta, quien pasó 20 años en prisión preventiva, y Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años sin sentencia.
“Principalmente tiene la orden de eliminar la oficiosidad de la prisión preventiva en México, es una circunstancia de víctimas que han sufrido el acoso de la prisión, aún sin haber estado sentenciados o aún sin haber tenido sentencia hemos mantenido muchos años en prisión”, comentó Daniel García Rodríguez.
El Pleno de la Corte debe resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que se aplica en México desde 2008, con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio.
Cabe mencionar que esta medida no es igual que la prisión preventiva justificada, que es cuando un juez o jueza ordena la prisión para evitar la fuga de la persona acusada.
Más de 600 personas, colectivos, instituciones académicas y abogadas/os solicitan a la @SCJN realice audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa al analizar el cumplimiento de las sentencias de la @CorteIDH de los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez ambos vs Mx pic.twitter.com/YlDyirMHBR
— Colectivo Pena Sin Culpa (@penasinculpa) March 25, 2026