El Movimiento por Nuestros Desaparecidos México urgió al Gobierno asumir compromisos que puedan ayudar al fortalecimiento de la agenda, en el marco de la primera visita a este país del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.
Hicieron un llamado al Estado mexicano para que pueda brindar toda la información necesaria y sin restricciones a la comitiva internacional, aunque desde las organizaciones civiles ya han entregado sus diagnósticos.
En el informe se resaltan tres puntos urgentes: la búsqueda en vida, atención a la crisis forense y el acceso a la justicia de los familiares en búsqueda.
Búsqueda en vida
Resaltaron en esas soluciones activar las búsquedas urgentes en vida pues hasta el momento se han registrado en México 94 mil 086 personas desaparecidas o no localizadas.
“Aún no existe una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación, así como la participación de las familias en la planeación y ejecución de búsquedas”.
Como puntos específicos sobre estas acciones recomendaron a las autoridades que se debe dotar a las comisiones de búsqueda de los recursos económicos, humanos, técnicos y de infraestructura necesarios para su pleno funcionamiento esto con el aseguramiento de que los presupuestos sean asignados de manera proporcional y evitando la dependencia de los subsidios.
También mencionaron que hacen falta cambios normativos para fortalecer las atribuciones y facultades de las comisiones de búsqueda, para que no dependan de las fiscalías en acciones como la solicitud de datos de geolocalización o de telefonía celular. Y acompañado de esto mencionaron que es necesarios capacitar, por parte de todas las fiscalías del país, a todos los agentes del Ministerio Público y policías de investigación sobre los contenidos y la práctica del Protocolo Homologado de Búsqueda.
Crisis forense
El segundo punto de importancia es atender la crisis forense dentro de las instituciones mexicanas, pues hay un registro de por lo menos 52 mil 4 personas fallecidas sin identificar, la gran mayoría de ellas dentro de las fosas comunes de cementerios públicos, que están bajo la responsabilidad de las fiscalías.
El trabajo de las familias para el rastreo y localización de fosas clandestinas ha dejado un registro de 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 personas fallecidas sin identificar, desde 2006, según la Comisión Nacional de Búsqueda.
Este número continúa en aumento con los hallazgos diarios de las búsquedas desde los colectivos.
Piden al Gobierno garantizar la colaboración de todas las fiscalías con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para que éste pueda comenzar a funcionar de manera autónoma. Recomendaron que exista una partida presupuestal específicamente para este mecanismo que deberá garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas en la construcción de sus planes de trabajo, implementación, así como en la rendición de cuentas de este.
También solicitaron ampliar la plantilla de peritos con especialidades para la identificación humana como los son forenses en antropología, odontología, dactiloscopía, genética, radiología y arqueología de manera proporcional a la crisis forense que enfrenta el país.
Crear e implementar a la brevedad y con la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil, el Programa Nacional de Exhumaciones y garantizar que ninguna persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas comunes, como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición.
Acceso a la justicia
En México la impunidad en los casos de desaparición supera 98% y estimaron que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna carpeta de investigación y muchas más no se denuncian por la falta de confianza en las autoridades.
En este país, solo existen 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas por eso desde el movimiento exigieron a las fiscalías asegurar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación de las familias en el desarrollo de la investigación, que garanticen el acceso a la justicia.
Se han documentado una persecución contra las buscadoras que hasta el momento suman 12 asesinatos, muchas otras han sufrido amenazas e intimidación y fueron desplazadas de sus lugares de origen.
“El gobierno debe reconocer públicamente la labor de defensa de derechos humanos que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las víctimas en todo momento, especialmente a través de una política pública integral de protección”.
“Estamos convencidas de que la visita del Comité es una oportunidad para obtener una visión más amplia, experta, con las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales, que permitan mejorar y avanzar en la agenda en materia de desaparición en México en términos de prevención, búsqueda, investigación, sanción, reparación y poder dar garantías de no repetición a este grave flagelo”, concluyeron en su presentación del informe.