La tarde de este miércoles, integrantes de diversos colectivos como Luz de Esperanza, CEPAD Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC y otras organizaciones civiles, se manifestaron para exigir al gobierno municipal que reinstale el Antimonumento 5J en la Plaza Imelda Virgen, en Guadalajara, que fue retirado injustificadamente en junio del año pasado.
En conferencia de prensa, los inconformes recordaron que hay una resolución judicial, emitida por el Juez Segundo en Materia Administrativa Civil y de Trabajo, Javier Delgadillo, que determinó su reinstalación, desde el 25 de julio de 2023, y la imposición de una multa que ascendía a 100 mil pesos.
Sin embargo, Denisse Montiel Flores de CEPAC expresó que las autoridades municipales y estatales no han cumplido con ello. Recordó, ante medios de comunicación que los colectivos 5DEJUNIOMEMORIA, LUZ DE ESPERANZA JALISCO Y CEPAC, presentaron un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación el 28 de junio de 2023.
Posteriormente, ante el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito del Estado de Jalisco solicitaron una suspensión provisional mientras se resolvía el proceso. En principio fue negada, pero luego reconoció que el retiro violaba los derechos de la libertad de expresión, el derecho a la protesta social y a la memoria.
“Sin embargo, a más de cinco meses de haberse emitido esa suspensión las autoridades estatales y municipales no han reinstalado el Antimonumento 5J”, dijo Montiel Flores, por lo que se desacata la orden y la resolución judicial y con ello se incumplen normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.
Pero eso no fue todo, la justificación que dieron las autoridades, es que el Antomonumento5J era un riesgo para el tránsito peatonal, a pesar de los estudios que se hicieron de diversas instituciones que demostraron lo contrario. Además, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aceptó que se quitó “porque está prohibido poner eso”.
Por si fuera poco, posteriormente, alegaron que no podían reinstalarlo porque se llevó a Poncitlán, ubicado a casi 70 km de distancia.
De acuerdo con la denuncia de los colectivos, la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que la estructura está resguardada desde octubre en la Comandancia Regional de Poncitlán ya que debido a las dimensiones de la estructura “ocupaba mucho espacio en el almacén de Guadalajara y debían trasladarlo, a pesar de la orden del juzgado para devolverlo”.
Exigen la reinstalación del antimonumento y una ‘limpia’ en la fiscalía
No obstante, los manifestantes expresaron preocupación porque el día de ayer se cumplía el plazo para que se regresara a esa Dirección. Además, el próximo 15 de enero se llevará a cabo una audiencia en donde el Juzgado Segundo determinará si el retiro del Antimonumento constituye o no una violación a la memoria y a los derechos humanos.
“Es una estrategia de desgaste y prolongación del juicio. Está próximo a resolverse. Alentamos al juzgado que resuelva favorablemente y cesen las violaciones que permanecen”, externaron.
Alentaron también al presidente municipal interino, Francisco Ramírez Salcido y a la Dirección General de Vigilancia y Unidad Civil de Bomberos a cumplir con la reinstalación del Antimonumento 5J, además de que “haya una limpieza de la Fiscalía cooptada por el crimen organizado”.
Solicitaron también que se haga efectiva la multa y se abra una carpeta de investigación por el incumplimiento de la suspensión, “es delito y debería ser investigado por la FGR, pero ha hecho caso omiso el juzgado”, sostuvieron.
Entre lonas y mantas de personas desaparecidas que fueron puestas sobre el lugar donde estaba el Antimonumento 5J, los manifestantes recordaron que se trata de una representación simbólica de la memoria para recordar los hechos de brutalidad policial que sucedieron entre el 4 al 6 de junio de 2020, además para continuar denunciando que la entidad lidera los números de personas desaparecidas a nivel nacional.
De esos hechos, Giovanni López fue asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, luego de un arresto arbitrario por no traer cubrebocas. Ante ello, jóvenes se manifestaron para exigir justicia, pero fueron detenidas un centenar de personas por personas vestidas de civil y sin identificación que pertenecían a la Fiscalía.
Se detectaron torturas y desapariciones forzadas -los detenidos no fueron presentados ante autoridades y fueron desaparecidos por horas-. Esos eventos se conocen como el “Halconazo Tapatío”.
“El Antimonumento 5J nos invita a recordar que las desapariciones siguen en la entidad”, concluyeron los manifestantes.