En la Cámara de Diputados legisladores y representantes del Poder Judicial dieron sus posicionamientos en el primer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial.
Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, dio oficialmente la apertura de los Diálogos, con el primer encuentro sobre: “¿Qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos?”.
“Una reforma que refleje la apertura democrática del Congreso. Mantener la independencia de los jueces, debatamos el funcionamiento”, mencionó Marcela Guerra Castillo.
Mientras que Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), continuó con la participación. Dijo que hay una voluntad de diálogo que existe para esta propuesta de la reforma. Mencionó que en el PAN tienen auténtica fe de que esto sea el principio de espacios de diálogo: “Que podamos intercambiar nuestras ideas más allá de decisiones prestablecidas”.
Manifestó que no quieren perder con un nuevo modelo, la autonomía e independencia que deben tener los hombres y mujeres que juzguen en este país.
“No creemos que los únicos cargos con legitimidad tengan que ser con voto directo, están los miembros en el gabinete que no surgen con un voto”, mencionó Jorge Romero.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, advirtió al país y a la población que se acompañan de una gran legitimidad, pues el pueblo les otorgó el poder reformador de la Constitución.
Aseguró que actuarán con prudencia y cautela, respetarán la expresión y punto de vista de las minorías y también del Poder Judicial, sin embargo, no desoirán el mandato popular porque se deben a él. Exhortó a que hagan un diálogo fructífero y respetuoso.
En su turno, Ignacio Mier, coordinador de Morena en Diputados, aseguró que este ejercicio deja testimonio de la apertura y congruencia de su movimiento para impulsar el diálogo por la democracia y división entre poderes.
Celebran apertura al diálogo
Julen Rementería, coordinador de senadores del PAN, señaló que desde su partido celebran que se haga el ejercicio de intercambio de ideas. Pidió que fuera a partir de dicho diálogo mejorar lo que está escrito en la iniciativa.
“Que podamos al final encontrar un documento en el que lográramos coincidir y todos aportar, porque de lo que se habla no es una reforma menor, sino la más importante que se haya podido tener en muchísimos años. Que puede cambiar para bien, para mejorar las cosas en el Sistema Judicial. Si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy lamentables”, mencionó.
Expuso que sí es necesaria una reforma judicial, pero también reconoció la labor de los ministros de la Corte, pues considera que ha sido valiente y en apego a la Constitución, y lo mismo para magistrados y jueces.
Agregó que hay cosas que le faltan a la reforma porque no se habla de la Fiscalía o las policías.
Ruben Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, comentó que la iniciativa es de aquellas que requieren tiempos largos para la reflexión y sana ponderación ya que no tiene referente en la legislación internacional.
“El final de un sexenio no es el momento oportuno para la magnitud del debate que se requiere. No obstante, reconozco a Ignacio Mier la apertura que hoy tenemos para dialogar y proponer”, comentó.
Dante Delgado, coordinador de Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma debe venir acompañada de una profunda reflexión nacional y diálogo incluyente:
“Siempre pensando en una justicia centrada en las personas, debe insertarse en un episodio de la verdadera política que construye y no la que impone, de la política con datos y evidencias en lugar de ocurrencias y caprichos, de la que tenga el respeto y promoción del estado de derecho. Tenemos una postura clara, cambios dentro del Poder Judicial sí, pero no para dejar de ser contrapeso sino ser mejor contrapeso”.
Integrantes del PJF piden elección gradual
Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Corte, agradeció la oportunidad para expresar su opinión personal. Dijo que el PJ que se tiene implica un sistema que permite tomar en consideración méritos, antigüedad y experiencia para ocupar los cargos a través de concursos de oposición.
“En mi opinión y después de más de 40 años de servicio, la carrera judicial y concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos a la Judicatura Federal. No obstante, debemos reconocer que se tienen áreas de oportunidad. Me permito hacer la sugerencia que la sustitución pudiera hacerse de manera gradual y escalonada, atendiendo a las vacantes que se van presentando”, comentó Pardo.
En ese sentido, Juan Luis González Alcántara, ministro de la Corte, mencionó que hay un reclamo innegable de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual y la ciudadanía acudió a las urnas para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como valor primordial.
“Considero que de aprobarse en sus términos la reforma no ofrece solución integral a los problemas que aquejan al país, en contrapartida la iniciativa sí pone en riesgo a una justicia independiente e imparcial para millones de personas. La pregunta que debiéramos formular es cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos?”, comentó.
Dijo que con la propuesta de reforma al Poder Judicial están politizando los nombramientos ya que la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos pasarán por un filtro político.
Ministras y ministros reconocen retos en sistema de justicia
Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Corte, aseveró que las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México.
“Cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren a derecho a la salud, 70 a derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y 13 al derecho al agua. En contraste hay 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria. ¿Ese es el Poder Judicial que queremos? Yo creo que no”, comentó Lenia Batres.
Añadió que el mandato del Poder Judicial es garantizar justicia y ha fracasado en esa labor.
Entre otras cosas, propuso limitar sus interpretaciones y resoluciones absteniéndose a revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado, limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice un contenido realmente constitucional, así como transparentar las sesiones.
La Consejera Jurídica, Eva Verónica de Gyvés Zárate comentó que la reforma pretende realizar un combate efectivo y real contra la corrupción, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y casos que durante años han invadido al sistema de justicia y no pretende debilitar a los sistemas judiciales.
“La reforma judicial pretende eficientar el sistema de impartición de justicia, hay muchas cosas que pueden rescatarse pero el objetivo es maximizar el proceso de justicia para garantizar el estado de derecho. Se trata de una reforma en beneficio del pueblo mexicano”, comentó.
Dijo que su propuesta consiste en que la sustitución de las personas juzgadoras a nivel federal sea progresiva y se de gradual en los estados para que puedan atender los flujos de trabajo.
Javier Láynez Potisek, coincidió en que el Poder Judicial de la Federación enfrenta fallas y carencias que deben atenderse. Dijo que hace casi 30 años México apostó por el desarrollo de la carrera judicial y puso al centro a jueces y magistrados para que éstos se valoraran en el mérito.
“Me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, insuficiencia, impunidad y tráfico de influencias. Sigo convencido que las personas juzgadoras y trabajadores de la carrera judicial son mexicanos y mexicanas mayoritariamente honestos y son competentes para impartir justicia”, aseveró.
Añadió que el método de elección popular lo que busca es generar un compromiso con el elector y el cargo del juzgador no puede sustentarse en apoyos directos o indirectos que recaben en la campaña porque compromete la independencia y solución y estará más propicio a la corrupción.
Yasmín Esquivel, ministra de la Corte, dijo que nadie duda que es imperioso deber de nuestro tiempo efectuar los cambios de la función de impartir justicia.
“No podemos ponernos una venda en los ojos para no ver la realidad social. No puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida que permita recobrar la confianza entre juzgadores. Requerimos jueces por elección popular y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica”, mencionó.
Propuso que la elección progresiva consiste en elecciones populares sucesivas para ir cubriendo de forma escalonada aquellos casos que queden vacantes. Se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa que garantice estándares de calidad de quienes sean postulados.
Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo que creen que el Poder Judicial no puede ser ajeno a la demanda de la sociedad.
Mencionó que existen mecanismos como los concursos de ingreso a la carrera judicial, criterios para su adscripción, procedimientos para permanencia y mecanismos de sanciones.
“Expreso mi compromiso por brindar un sistema de justicia fuerte. Por ello debe garantizarse el principio de independencia judicial sin temor a represalias políticas y represiones externas… ¿Si los jueces son elegidos por voto popular cómo se le garantiza a la sociedad que sirven a la justicia y no a quienes la promueven? Elegir a los jueces por voto popular genera graves riesgos”, aseveró.