Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En México el contexto de este mecanismo de “terror” se instauró como método de contrainsurgencia en la década de los años 70.
La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, señala la postura oficial de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
En México, la desaparición forzada fue una práctica que comenzó a propagarse como un método de exterminio en los primeros grupos paramilitares que surgieron durante la “guerra contra el narcotráfico”, pronto esta práctica infectó de violencia, tristeza y desesperación a las familias del país.
La muerte en nuestro país tiene un valor único dentro de la cultura y la cosmovisión sobre la que se fundó. Los rituales tanáticos son únicos entre los países del mundo, pues el recuerdo de los muertos es parte de la vida diaria de los mexicanos, al punto de que en los dos primeros días de noviembre se espera que regresen al mundo de los vivos para disfrutar de sus placeres.
Es por eso que la desaparición de una persona daña hasta lo intangible del tejido social y comunitario de las familias mexicanas que no saben de la suerte de sus seres queridos.
La desaparición y exterminio de personas se ha convertido en una crisis enorme en el país, pues hasta la fecha se han registrado más de 90 mil víctimas de este delito. Fue tanta la necesidad de las familias para despedirse de sus seres queridos que se organizaron, salieron a los cerros y desiertos para buscar fosas clandestinas o algún rastro que pudiera guiarlos al paradero de los suyos.
El 26 de septiembre del año 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado Guerrero. Las autoridades trataron de encubrir el crimen con la llamada “verdad histórica”. La magnitud del crimen obligó a los ciudadanos guerrerenses a salir a las montañas para buscar a los jóvenes.
Las personas comenzaron a organizarse para imitar las acciones de las 43 familias en Guerrero. Así, en menos de un año salieron públicamente decenas de colectivos que buscaban personas desaparecidas en fosas clandestinas de Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Coahuila y pronto en todos los estados que conforman la República Mexicana.
Los cuerpos sembrados en descampados, desiertos y montañas comenzaron a florecer para entregarles paz a las familias que lograron identificar a sus desaparecidos.
La búsqueda de fosas clandestinas es un trabajo de las autoridades, pero las familias lo fueron tomando tras la negligencia y desconfianza de los funcionarios ministeriales, que, critican las familias, no hacen investigación o esfuerzo alguno para localizar a los desaparecidos.
El trabajo periodístico “El país de las 2 mil fosas” registró que del año 2006 al 2016 se localizaron mil 978 entierros clandestinos, en 24 estados del país. De acuerdo con datos oficiales, se han localizado 879 fosas clandestinas en el periodo de 2019 a lo que va del año 2021.
Lugares como “Colinas de Santa Fe” (Veracruz), “Patrocinio” (Coahuila) o la “Bartolina” (Tamaulipas), son el ejemplo de una práctica sistemática a nivel industrial dedicada a la desaparición masiva de cuerpos.
A pesar de que las familias encuentran estos terribles lugares, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que hacerse cargo del levantamiento, custodia e identificación de esos restos humanos. Sin embargo, eso abrió otro problema dentro de los servicios forenses que se saturaron de cuerpos y evidencia sin una debida cadena de custodia. Así los cuerpos que habían localizado madres, hermanas y esposas en fosas clandestinas, fueron desaparecidos de nuevo en las fosas comunes de los estados.
Los ejemplos más lamentables de esta práctica se mostraron con los tráileres que la Fiscalía llenó de cadáveres en Jalisco o las terroríficas fosas de Tetelcingo, Morelos, donde no había registros ni custodias de los cuerpos y restos que se fueron localizados.
En México se ha denunciado que existe un sistema complejo en el que funcionarios forman parte de la desaparición de las personas. El policía que trabaja con grupos paramilitares, el ministerio público que no toma denuncias o no investiga, el perito que no protege y criminalizan a las víctimas.
Es por eso que esté lunes se realizan diferentes actividades para recordar al Gobierno Mexicano que hay 90 mil personas desaparecidas, a quienes su familia esperan que regresen con vida a casa.