Las y los especialistas del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelaron en su informe sobre su visita a México, que cifras oficiales demuestran un aumento desapariciones de menores de edad a partir de los 13 años, adolescentes y mujeres. Hechos que se agudizaron desde el inicio de la pandemia y están vinculados con la sustracción de menores, y desapariciones con fines de violencia sexual, feminicidio o trata de personas.
En su opinión es preocupante que la búsqueda de mujeres desaparecidas quede en manos de sus familias en casi todos los casos, lo que condena a estas personas a ser víctimas de graves efectos sociales, económicos, violencia, persecución, estigmatización, extorsión, represalias, y la muerte.
Al respecto, comentaron, víctimas indirectas de este delito informaron que existen diversos patrones en la Comisión de Desapariciones Forzadas que dificultan la búsqueda pronta de las personas, como que las desapariciones son cometidas por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal; la delincuencia organizada es un perpetrador de esta problemática; y las y los servidores públicos ejercen distintas omisiones.
En algunas entidades federativas, enfatizaron, la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional (25 %). Porcentaje que alcanza 67 % en Campeche y más del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucatán (en su mayoría casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años).
Detallaron que el único registro vigente es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, el cual documentó que hay 95 mil 121 personas desaparecidas hasta el 26 de noviembre de 2021, de las cuales 112 habrían desaparecida durante la visita del Comité.
Sin embargo, frente al contexto presente -enfatizaron- es posible poner en duda las cifras brindadas por el Estado mexicano, ya que éstas demuestran que el número de desapariciones disminuyó en los 2 últimos años.
Periodistas y persona defensoras
En cuanto a las desapariciones de periodistas y personas defensoras, el Comité detalla que estos hechos fueron resultado de la labor de ambas profesiones. Ejemplo de ello, dijo, son los más de 30 periodistas que entre 2003 y 2021 fueron desaparecidos, ninguna ha sido localizado y las investigaciones de sus casos siguen sin avances.
“Esta situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada”, describe el informe.
A estos sucesos, mencionaron, su suma las desapariciones en el contexto carcelario. El Comité trató el caso de una madre que reportó la desaparición de su hija tras haber ingresado a un centro de detención para visitar a su pareja. Actualmente, se sigue sin saber del paradero de la víctima, por lo que consideró de gravedad este tipo de hechos.
Además de ello, el Comité encontró distintas problemáticas en el sector carcelario; como la falta de notificación inmediata de la privación de la libertad de personas en cárceles o estaciones migratorio; las autoridades niegan cobran el acceso a un teléfono; los familiares no familiares se les prohíbe acceder a sus pertenencias o celulares para obtener los números de contacto. En resultado de estas omisiones, en la mayoría de los casos, las personas migrantes son dadas por desaparecidas tras su detención.
Las desapariciones afectan aún más a las comunidades indígenas debido a los conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética. En cuanto, a la comunidad LGBTIQ, las desapariciones son cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades, y en muchos casos con fines de explotación sexual.
Desapariciones en la impunidad
De acuerdo con información proporcionada por el Estado al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre 2 % y 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas en el país.
A esta situación, detalla el informe, se suma la actitud “pasiva” de las instituciones judiciales frente a las desapariciones. Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados.
La impunidad en México, concluye el documento, es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, pone en peligro y causa zozobra a las víctimas. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas.
Recomendaciones
El Comité sugirió a México reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad; abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en el país; e implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional.
Además de ello, el Comité insta al Estado a adoptar e implementar el reglamento y todos los instrumentos pendientes de la Ley General de Víctimas y que las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación sean fortalecidos.