El pasado 19 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado mexicano por las irregularidades que se cometieron durante la investigación de la
muerte de la activista Digna Ochoa (19 de octubre de 2001). Esta sentencia es trascendental de manera histórica, es la número 11 que se dicta en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos.
En este caso, tiene aspectos que alcanzará no solo para casos que involucran grandes violaciones a los derechos humanos, sino en general para la persecución de los delitos, pues las medidas dictadas por la Corte son de carácter estructural, que van a tener un impacto en el sistema jurídico mexicano.
La sentencia se aprobó, por parte del tribunal, desde el 25 de noviembre del año pasado, fue la semana pasada cuando dan a conocer la sentencia.
“Las medidas de carácter estructural que mandó la Corte reafirman lo que nosotros decimos de que Digna fue de las primeras abogadas en México que llevó un caso a la CIDH, ella abrió brecha y nosotros decíamos que ella sigue litigando, porque su sentencia no solo impacta sobre Digna sino en todo el sistema jurídico del Estado mexicano, pues la Corte ordena realizar una reforma constitucional y legal para la reafirmar la autonomía e independencia de los servicios periciales, también ordena que se tiene que crear un sistema de protección a testigos y a víctimas, y se debe mejorar el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos”, explicó Karla Michelle Salas, representante legal del caso Digna Ochoa.
Esta es la primera sentencia que recibe México por el asesinato de una defensora de derechos humanos, pues la Corte sí considera que el Estado mexicano es responsable por la vulneración al derecho a la vida de Digna, porque ya había una serie de amenazas que no fueron investigados por las autoridades y que culminó en su asesinato.
También la corte hace énfasis en el proceso de revictimización que tuvo, no sólo antes de su asesinato sino también después de su muerte.
En materia de investigación la CIDH determinó que el proceso penal
estuvo plagado de irregularidades, entre ellas todos los estereotipos y prejuicios de género que fueron determinantes para que se decidiera el no ejercicio de la acción penal, por
considerar que se había suicidado, pues la Corte Interamericana es contundente de que no existen elementos para afirmar esa hipótesis.
La Corte no se pronuncia sobre el tema de investigación y sanción de los servidores públicos, pero, dijo la abogada Karla Michelle Salas, pensar que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos podría fundamentar un modus operandi del sistema judicial mexicano.
“Lo que sí te puedo decir es que tanto Renato Sales como Bernardo Bátiz y otros servidores públicos, pero específicamente a estas dos personas, deben cargar con la vergüenza por haber sido protagonistas de llevar un caso al extremo de criminalizar, cuestionar y ensuciar la imagen de una defensora de derechos humanos y tendrán que cargar con la vergüenza de haber permitido que un caso tan importante quedara en la impunidad por 20 años”, indicó.
Este dictamen se da en el marco de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y la Corte determina que desde hace 20 años, como en la época actual, persiste un clima de hostigamiento, amenaza y persecución violenta en contra de las personas dedicadas a estas tareas.
También determina que el Estado es responsable por la vulneración al derecho a la integridad de la familia de Digna, por la falta de investigación. La Corte ha ordenado una disculpa pública y que calles del país sean llamadas con su nombre como una forma de dignificación.
Además, ordenaron que se haga una campaña para las defensoras de derechos humanos y que se
nombre un premio con el nombre de Digna. Todas estas medidas al igual que las medidas estructurales repercuten en el caso de Digna y en una generación de defensoras y en toda la sociedad mexicana.
“Lo que sigue es un paso muy complicado para la familia y sus representantes legales porque es hacer que la sentencia se cumpla, el Estado mexicano ha emitido comunicados de cumplir cabalmente, entonces lo que estamos buscando es que se materialice ese discurso político y público para que se realicen actos concretos y sabemos que los plazos que fijó la Corte no rebasan este sexenio, por eso esperamos que antes que termine este mandato se cumpla con la sentencia Digna Ochoa”, concluyó la abogada.
