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Comunidad de Cicalco, Zacatecas, exige reparación por daños ambientales causados por relleno sanitario

Fue en agosto de 2019 cuando un grupo de mujeres se organizó para denunciar que un basurero, que tenía apenas dos meses de haberse inaugurado, en Cicalco –ubicado en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas– trajo consigo la invasión de una plaga de moscas ‘gusaneras’ a los hogares, malos olores, mal manejo de residuos y contaminación de un arroyo temporal llamado ‘Los Tecongos’ (que atraviesa la comunidad y es afluente del Río Tlaltenango) provocado por la descarga de lixiviados a este.

Las mujeres indígenas se quejaron ante las autoridades municipales, pero fueron ignoradas. Es 2022. Han pasado casi tres años y pobladores denuncian que hasta ahora no se ha dado un cierre definitivo y tampoco una remediación por el daño ambiental que ha causado, pese al riesgo a la salud. 

Y es que es el municipio, a través del alcalde Salvador Arellano Anaya, quien presentó un amparo contra la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) por haber clausurado de forma temporal el relleno, por lo que estos últimos señalan que no pueden realizar revisiones ni el cierre definitivo.

El gobierno del estado,  a través de Gabriela Pinedo, secretaria general de Gobierno, invitó al ayuntamiento de Tlaltenango a desistir del amparo que promovió “con la finalidad de que, a la brevedad, se pueda iniciar con el procedimiento de clausura y se cumplan todos los requisitos establecidos por las autoridades federales”, señaló en comunicado de prensa.

El pasado 26 de mayo, en una reunión que se realizó en Cicalco, el gobierno de Zacatecas anunció la clausura definitiva del relleno sanitario municipal, que consta de 10 hectáreas.

Expuso que esa decisión respondía a los requerimientos que hicieron los habitantes de la comunidad para atender la problemática ambiental. Además se comprometió a dar seguimiento puntual del cierre, que sería un proceso transparente y que entregaría toda la información a pobladores.

Sin embargo, Juan Martínez Ibarra, habitante de Cicalco, comparte a Once Noticias que ese compromiso sólo fue de palabra.  

El 14 de julio autoridades federales, estatales y municipales, sostuvieron una reunión en la capital del estado en donde firmaron un convenio para el cierre total del relleno sanitario en Cicacalco.

Ahí, estos entes responsabilizaron a los pobladores obstaculizar las medidas, incluso el alcalde de Cicalco ha mencionado que siempre ha atendido los reclamos de la comunidad.

No obstante, Martínez sostiene que son pobladoras y pobladores indígenas de Cicalco, quienes han denunciado y mantienen una lucha, para lograr no sólo el cierre sino la reparación integral a los daños ocasionados al medio ambiente y a la salud de la comunidad. 

Además exigen un alto, también, a la criminalización del movimiento social dado que las autoridades señalan y ahíncan responsabilidades a la comunidad, pero no asumen la resolución de esta problemática, tal como enfatiza Clarisa Trejo Luna, habitante y afectada de la comunidad, a Once Noticias.

“Han querido desdibujar la lucha desde el primer día de las manifestaciones. Minimizan y criminalizan a la comunidad, piensan que somos ignorantes. En su momento desconocíamos, pero la misma situación te obliga a informarte y a saber sobre un buen relleno sanitario y no un basurero de cielo abierto”, dijo. 

Trejo Luna declaró que Miguel Ángel Varela Pinedo, expresidente municipal y actual diputado federal (PAN), amenazó con cobrar a la comunidad por los gastos de llevar la basura a municipios aledaños, debido al plantón y luego por la suspensión de operaciones de este basurero, “eso es evadir responsabilidades y no querer resolver el problema”, apuntó la activista.

Además, luego de que se logró la suspensión de operaciones y de que Profepa ordenó el cierre temporal, el ayuntamiento interpuso una denuncia en contra de tres personas.

También los acusaron de responder a intereses de grupos políticos, sin embargo, tanto Clarisa como Juan exponen que su lucha no responde sino a un deseo de justicia, para que esta obra pública no continúe con las afectaciones.  

El día 28 de julio, en el municipio se llevó a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo y se sesionó sobre uno de los puntos: sobre el cambio de uso de suelo –para determinar que uso se le dará luego del cierre definitivo a estos terrenos–.

Aunque un grupo de la comunidad, tal como compartió Clarisa a Once Noticias, habían mandado un oficio para que en la orden del día o en asuntos generales se tomará el resto de los puntos: la desestimación contra las demandas de sus tres compañeros y el amparo contra Profepa, “ignoramos porque no quieren desistir en el amparo”, dijo la activista.

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