Los días 4 y 5 de abril de 2017 quedarán registrados en la historia de Michoacán por los hechos sangrientos y de represión, que, a decir de las 144 víctimas, fueron ordenados por el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
En esa fecha, comuneros de la población rural de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen, donde empieza la meseta purépecha, fueron víctimas de la brutalidad con que operó la policía estatal, dejando un saldo de cinco civiles muertos, entre ellos, Gustavo, un joven de 17 años, así como un policía estatal, fallecido tras la reyerta.
Aquel 5 de abril fue el detonante, aquel 5 de abril después de enterrar a nuestros caídos, la comunidad clamaba una sola cosa, justicia para los caídos y expulsión a todos los partidos políticos”, señaló Juana Morales Hernández, Concejo Municipal Indígena Arantepacua.
Arantepacua es una comunidad de no más de cuatro mil habitantes, y de acuerdo con datos del Ceneval, ocho de cada 10 de ellos viven en condiciones de pobreza.
Desde 1984 se lleva a cabo un juicio agrario por un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, en el municipio de Uruapan, por la posesión de 520 hectáreas.
Relatan, quienes sobrevivieron a esa represión, que en marzo de 2017 llegó una notificación del Gobierno de Silvano Aureoles, en la que se determinaba un plazo para resolver el conflicto territorial y que las 520 hectáreas serían resguardadas por la policía estatal, lo que generó descontento entre la población de Arantepacua.
El caso llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) organismo autónomo que durante tres años investigó el hecho, hasta que en 2020 emitió la recomendación 42 VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos.
En el 2020 salió nuestra recomendación, en donde efectivamente en derechos humanos reconoce que fuimos víctimas, que hubo un error por parte del Gobierno del estado y que por lo tanto tiene que reparar ese error, primero pidiendo una disculpa pública en todos los medios y segundo reparar los daños a la comunidad, colectivo, individual y general”, explicó Juana Morales Hernández, Concejo Municipal Indígena Arantepacua.
De la recomendación se desprende que el gobernador Silvano Aureoles debe ordenar que las 144 víctimas de la represión tengan acceso a un fondo de ayuda económica, atención médica y sicológica, así como reparar el daño social y ofrecer una disculpa pública a la población de Arantepecua.
A más de cuatro años de los hechos y uno desde que se emitió dicha recomendación, no se ha cumplido lo determinado por la CNDH.
A partir de los hechos el 5 de abril, la comunidad busca el encarcelamiento del asesino de nuestros comuneros, en este caso es Silvano Aureoles Conejo y lo que buscamos, fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel federal, porque la estatal nunca nos hizo caso”, señaló Juana Morales Hernández, Concejo Municipal Indígena Arantepacua.
Desde abril de 2017, esta comunidad expulsó a las autoridades y partidos políticos y se constituyó en un Concejo Indígena Comunal; son ellos mismos quienes hacen las funciones de seguridad y administración, al igual que lo llevan a cabo otros 15 pueblos michoacanos, siendo Cherán el más representativo.
En Cherán, el Keri Adame, uno de los 12 integrantes del Concejo Mayor, relata que hace 11 años lograron que se les reconociera como municipio autónomo, ante la inoperancia de las autoridades estatales para brindarles seguridad y un buen Gobierno.
Vivíamos lo que vive actualmente el estado de Michoacán, el asedio de los delincuentes, de los narcotraficantes y que estaban robándose nuestros bosques, aquí era el trasiego de la droga, por aquí circulaba”, comentó Salvador Adame Guerrero, Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán.
Salvador recuerda que, en su momento, también se derramó sangre para hacer valer sus ideales.
Aquí la clave fue la organización, que todos le entráramos, hubo bastantes comuneros que desaparecieron, alrededor de 10, 12 comuneros que desaparecieron y aún no sabemos dónde están y a otros compañeros los mataron, pero la comunidad se organizó de tal manera que todos defendíamos”, dijo Salvador Adame Guerrero, Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán.
A 11 años de haber logrado su autonomía, el clima que se respira en Cherán es de tranquilidad, pues aseguran que de esta zona han sido erradicados los talamontes y la delincuencia organizada, gracias a la efectividad demostrada con las rondas comunitarias.
En seguridad queremos que nuestra ronda comunitaria se respete la parte de cómo está organizada, han querido integrarlos y que sea la policía de Michoacán. No, que los capaciten a nuestra forma de ser, porque ha funcionado, tenemos el índice de delincuencia menor de todo el estado y lo puedes constatar en las cifras”, señaló Salvador Adame Guerrero, Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán.
La demanda de los pueblos autónomos y que exigen la entrega del presupuesto directo, responde al hartazgo al que han llegado los pueblos originarios, ante la indiferencia del Gobierno estatal.
Hay una continuación de una marginación y de una exclusión histórica que desafortunadamente en los últimos 15, 20 años, se ha venido profundizando, se ha venido agravando, sobre todo por la presencia del crimen organizado y de la violencia que eso ha desatado en esas regiones”, dijo Orlando Aragón Andrade, representante legal de comunidades indígenas.
Los primeros movimientos que demandan el autogobierno se generaron en la meseta purépecha, pero durante la actual administración estatal, estas demandas se han extendido a otros pueblos, como los mazahuas, otomíes y nahuas.
Recientemente este año, a finales del año pasado e inicios de este, en la región de Zitácuaro, en donde están ahí los pueblos Mazahuas y otomíes, las comunidades mazahuas hoy quieren organizar también autogobiernos comunales, una ronda comunitaria también, que organiza más de cuatro comunidades mazahua, es una ronda intercomunitaria y que justamente vigila el territorio de la reserva de la mariposa monarca, que es un territorio muy ambicionado por los intereses económicos”, señaló Orlando Aragón Andrade, representante legal de comunidades indígenas.
La exigencia de tener autogobiernos, ha ocasionado que los pobladores tengan que enfrentar la resistencia del gobierno estatal para reconocerles esa autonomía; por ello se han documentado casos de fallecimientos, tortura, desapariciones, además de resistir ante los embates del crimen organizado.
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