Autoridades de los municipios
San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, de Oaxaca, además de la red Articulación por la vida, contra la minería del Valle de Ocotlán, rechazan una consulta para la ampliación del proyecto San José II, de la empresa minera Cuzcatlán, filial de
Fortuna Silver Mines.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el pasado 11 de noviembre, anunció que se llevará a cabo una
consulta a las comunidades indígenas zapotecas como parte de los requisitos para la manifestación ambiental del proyecto minero.
En un
posicionamiento, las comunidades zapotecas, piden se respete su decisión.
“En nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que con base en las experiencias dadas en torno a consultas atenta en contra de la autodeterminación de nuestros pueblos […] y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II, de la minera Cuzcatlán”, enfatizan.
Señalan que la consulta deriva de una presión hacia Semarnat, luego de que el 6 de julio de este año la instancia, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), resolvió negar la solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental (en su modalidad MIA-R), que pretendía ampliar por 10 años más la operación del proyecto San José II.
Desde septiembre de 2020, la DGIRA
revisó el proyecto y luego de aplazarlo emitió este año la resolución negativa.
Las comunidades afirman que hay diversas
denuncias en contra de la empresa minera, por las afectaciones que ha generado la operación del proyecto, entre las que destacan: asesinatos de líderes sociales, represión policiaca contra las comunidades, daños a la salud, contaminación del agua (debido al derrame de jales tóxicos el 8 de octubre de 2018) y contaminación por aire (por emisiones de plomo, principalmente).
Además se suman otros problemas como el rompimiento del tejido social en San José del Progreso y otros relacionados al aumento de violencia asociados al crimen organizado en la región.
“Y cuando parecía que Cuzcatlan no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semarnat viene una campaña agresiva de la empresa minera que va desde la presión […] en los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido sino participan en las movilizaciones a favor del proyecto, la intervención de operadores políticos como la diputada federal plurinominal Mariana Erandi Nassar Piñeyro [y] el presidente municipal de San José del Progreso, Amador Vásquez Gómez que con recursos públicos ha movilizado a un grupo de pobladores a la Ciudad de México hasta las acciones de su principal grupo de choque, la CTM”, apuntan las comunidades, en el comunicado.
Es así que exigen a
Semarnat velar por la protección del medio ambiente y no asumir una posición parcial ante el proyecto minero. Consideran que realizar una consulta “sería una traición a los pueblos afectados por el proyecto minero”.
Y es que cuando la empresa Minera Cuzcatlán llegó a la región, en 2006, no realizó una consulta previa a los pueblos indígenas de la región en donde operaría, como señaló en una entrevista Luiz Camargo, director país de la Compañía Minera Cuzcatlan, a Once Noticias.
“La empresa realizó una reunión de personas del giro en San José del Progreso para comentarles que ampliaríamos el proyecto e instalaríamos un proyecto más moderno, con una capacidad superior de producción de mineral. En esa época hubo un acuerdo y se tuvo el consentimiento de la comunidad para poder realizar la ampliación. Si se habla de la consulta prevista en el (Convenio) 169, aún no existen reglas predeterminadas para realizar una consulta en estas bases”, compartió.
Posteriormente, se hizo una consulta en Magdalena, aunque pobladores denunciaron que “se hizo de una forma amañada” y derivó en el rechazo del proyecto minero, tal como declararon a Once Noticias.
“No permitiremos que en nuestros pueblos se establezca ningún mecanismo de despojo. […] Hemos tomado la decisión de no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”, concluyeron las comunidades y la red de Afectados.
La consulta previa es un instrumento de los pueblos indígenas, según lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 169.
De acuerdo con lo estipulado por Semarnat, la convocatoria a la consulta
busca “garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios de México establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.
