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Conceden suspensión provisional contra orden de aprehensión de Manlio Fabio “B”

El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, concedió la suspensión provisional en un nuevo jucio de amparo interpuesto por el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio “B”, contra una orden de aprehensión en su contra, por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos durante la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

En primera instancia, el juez Augusto Octavio Mejía, titular del juzgado, admitió a trámite la demanda de amparo y concedió al también exgobernador de Sonora la suspensión provisional de su detención, a raíz de las investigaciones realizadas en su contra por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

En la solicitud de amparo, el ex dirigente nacional priista señaló como autoridad responsable al juez de control Elmer Lerma Fontes, adscrito al Distrito Judicial Abraham González del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, con residencia en Ciudad Delicias, quien debe presentar la información requerida por el juzgado en las próximas horas.

El juez Mejía Ojeda programó la audiencia incidental para el 10 de junio, fecha, misma en la que resolverá si le otorga al ex senador priista la suspensión definitiva en el juicio de amparo.

Hay que recordar que el pasado 14 de mayo, el Quinto tribunal Colegiado en materia Penal declaró fundado el recurso de queja que interpuso Manlio Fabio “B”, para ampliar la demanda de amparo que promovió el 14 de julio del 2020 contra la orden de aprehensión en su contra.

Los magistrados de dicho tribunal ordenaron entonces a la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, dejar insubsistente su acuerdo de noviembre de 2020, en el que declaró inexistente a una juez de Chihuahua, señalada por Manlio Fabio “B” como responsable de la orden de detención.

Cabe recordar que de acuerdo con las investigaciones de las autoridades de Chihuahua, Manlio Fabio “B” podría estar relacionado en el desvío de 250 millones de pesos, bajo la administración de César Duarte, presuntamente para financiar campañas del PRI en las elecciones de 2016.

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