La asociación Artículo 19, dedicada a la defensa de periodistas, junto con otras organizaciones civiles, exigieron a las autoridades de Gobierno las garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión pues en el mes de junio se registró el asesinato de dos defensores de derechos humanos y tres periodistas.
Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui. Junto con los homicidios de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila; Enrique García en Estado de México; y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión.
Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas”, señalaron en conferencia desde Artículo 19.
El periodista Saúl estaba dedicado a dar información con imágenes y videos en la frontera de Coahuila. Además de su labor periodística, por la noche complementaba su salario trabajado en una fábrica de la zona, pero fue localizado asesinado el 26 de junio, en el antiguo camino a Las Cuevas Acuña.
“Es importante recalcar el asunto de precariedad laboral, porque precisamente esta situación hace que muchas de las personas comunicadoras enfrenten mayores riesgos y que las autoridades los criminalicen y revictimicen al no considerar sus labores periodísticas en sus investigaciones judiciales como un móvil del crimen”, apuntó la Organización de Protección a Periodistas.
Durante la conferencia explicaron que el asesinato de Gustavo Sánchez, el 16 de junio, es indignante ya que lo antecede amenazas públicas en redes sociales, allanamientos, presencia de personas desconocidas afuera de su casa, e incluso un intento de asesinato el año pasado. Sin embargo, nunca recibió medidas para evitar que hombres armados le arrebataran la vida frente a su hijo.
Gustavo había presentado una denuncia en la Fiscalía del estado de Oaxaca por un intento de homicidio en el año 2020. En esa carpeta, Saúl identificó a su agresor y no pasó nada, incluso hace un mes, la organización ‘Reporteros sin fronteras’ documentó que Gustavo pidió los avances de esa carpeta a la fiscalía, pero no recibió ninguna respuesta”, afirmó Paula Saucedo, representante de Artículo 19.
Los procedimientos para incorporarlo al Mecanismo de Protección a Periodistas en México fueron largos y comenzaron hasta enero del año 2021.
“El problema con la lenta reacción es que si el caso se incorporó seis meses después del intento de asesinato y tardaron tres meses para hacerle el análisis de riesgo. Fue una semana antes del asesinato cuando le avisaron cuáles eran las medidas que le otorgarán, que por supuesto llegaron demasiado tarde”, lamentó Saucedo.
Mario Luna, miembro de la Nación Yaqui y defensor de la tierra, explicó que es “lamentable el incremento de la violencia en Sonora. Se ha desbordado al grado de que bandas criminales se apoderaron de mucho territorio y esto ha provocado que los defensores de derechos humanos y del territorio se vean más vulnerable frente a los intereses poderes políticos y económicos que opera detrás de estos grupos”.
Durante años la nación Yaqui ha resistido una violencia sistemática en su historia que va desde la esclavitud, el exterminio, la exclusión y represión.
Del año pasado a la fecha nos damos cuenta que decenas de hombres y mujeres han sido desaparecidos en el territorio yaqui. Nos ha tocado soportar todos los embates de la represión del Estado, la desaparición (y asesinato) de personas con peso político dentro de la tribu, como fue con el compañero Tomás Rojo. Pedimos justicia por nuestras acciones de defensa al territorio y como tal, los beneficios por la ocupación parcial y permanente del territorio Yaqui para que detengan el hostigamiento y la violencia contra nuestra tribu”, concluyó Mario Luna.
En conjunto exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) combatir la impunidad investigando los asesinatos contra personas defensoras o periodistas y que se lleven a cabo las investigaciones basadas en la hipótesis de su labor de defensa e información.