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Conductora Inés ‘G’ enfrenta segunda orden de aprehensión

En septiembre del 2021, el juez de Control en el penal del Altiplano, Iván Aarón Zeferín Hernández, otorgó la primera orden de captura a la Fiscalía General de la República contra Inés "G".

La conductora de televisión y excomentarista de espectáculos, Inés “G”, sobrina de reconocidos abogados panistas del Despacho Gómez Mont, enfrenta una segunda orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal con 6 millones 600 mil pesos.

De acuerdo a registros judiciales, un juez libró esta segunda orden de captura contra la imputada, aun prófuga de la justicia y buscada junto con su esposo, Víctor Manuel “A”, por la Interpol en más de 190 países.

Esta nueva orden de aprehensión fue librada el 29 de octubre de 2021, dentro de la causa penal 468/2021, por un juez de control del Reclusorio Norte, luego de que Inés “G”, presuntamente, omitiera el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015.

Derivado de ello, la acusada Interpuso un juicio de amparo contra la orden de captura y la emisión de la ficha roja para su localización por la Interpol; sin embargo, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó el amparo.

Además, la conductora interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado y que en los próximos meses resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo contra la imputada.

Esta es la segunda orden de aprehensión que pesa contra Inés “G”, quien desde hace meses es buscada junto con su esposo Víctor “M” puga por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 mil millones de pesos.

En septiembre del 2021, el juez de Control en el penal del Altiplano, Iván Aarón Zeferín Hernández, otorgó la primera orden de captura a la Fiscalía General de la República (FGR) contra Inés “G”, como probable responsable del delito de lavado de dinero.

Ello, al simular facturas luego de que se les adjudicaron durante la pasada administración, contratos sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), para la supuesta construcción y modernización de centros penitenciarios.

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