Por mayoría de votos, el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó al Congreso de la Unión para que implemente medidas relacionadas con los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.
El Tribunal aclaró que esta decisión tuvo su origen cuando tres ciudadanos con discapacidad presentaron juicios en los que alegaron, que el Congreso de la Unión no ha emitido normas sobre la obligación de los partidos políticos de postular a personas con discapacidad en cargos de elección popular, así como para ocupar puestos en los órganos de dirección y estructura partidista.
Por lo anterior, se concluyó que el Congreso de la Unión tiene la obligación, conforme a los tratados internacionales, de garantizar e implementar las medidas relacionadas directamente con el próximo proceso electoral 2023-2024, las cuales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.