La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura firme contra el maíz transgénico al anunciar que, en respuesta a la resolución del panel de disputas del T-MEC, el Congreso de la Unión legislará en febrero de 2025 para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en el país.
Durante una conferencia, Sheinbaum expresó que la resolución del panel, que declaró que las restricciones impuestas por México al maíz transgénico violan el acuerdo comercial con Estados Unidos, no cambiará el rumbo del gobierno mexicano.
“Vamos a darle la vuelta a esta resolución con la ayuda del Congreso de México”, dijo la mandataria, quien subrayó que “sin maíz no hay país” y la necesidad de proteger la biodiversidad de México.
La medida, que busca salvaguardar las variedades nativas de maíz del país, se presentará como una reforma constitucional.
“Estoy segura de que en febrero el Congreso legislará sobre la prohibición de sembrar maíz transgénico en nuestro territorio”, agregó Sheinbaum, quien aseguró que el Gobierno federal no permitirá la contaminación genética de las variedades tradicionales de maíz.
Decreto presidencial de febrero de 2023
El conflicto sobre el maíz transgénico comenzó con el decreto presidencial de febrero de 2023, que prohibió el uso de maíz modificado genéticamente para la producción de tortillas y masa.
Este decreto, que también apuntaba a limitar el maíz transgénico en la alimentación animal, fue impugnado por Estados Unidos, que argumentó que las restricciones afectaban el comercio y violaban el T-MEC.
El panel de disputas del tratado falló a favor de Estados Unidos, pero el Gobierno mexicano ha señalado que, aunque respetarán la decisión, la prohibición se mantendrá a nivel nacional con el respaldo de una legislación propia.
Reacciones y perspectivas
La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a los legisladores para que apoyen la propuesta y afirmó que la protección del maíz nativo es un tema de gran importancia para la soberanía alimentaria del país.
Este movimiento coincide con un contexto más amplio de defensa de los recursos naturales y la biodiversidad en México.
Las autoridades mexicanas, a través de las Secretarías de Economía y Agricultura, han manifestado su desacuerdo con el fallo del panel, pero también han asegurado que respetarán las decisiones de los tribunales comerciales.