A partir del proceso electoral federal 2017-2018, las discusiones sobre la necesidad de una reforma al sistema político electoral mexicano se convirtieron en un tema recurrente en la agenda legislativa del Congreso de la Unión.
La reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada a la Cámara de Diputados el pasado 13 de octubre, prevé cambios en 18 artículos constitucionales.
Los alcances de la iniciativa presidencial han detonado un nuevo debate público sobre las problemáticas de atención del sistema político electoral mexicano.
Financiamiento a partidos políticos
La iniciativa del Ejecutivo Federal contempla eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y abre la posibilidad al financiamiento privado, aunque con candados fiscales (los recursos privados no serían deducibles de impuestos), ordenando a los partidos que identifiquen y reporten la fuente de todo recurso obtenido y sin exceder los máximos señalados en la legislación.
Modelo de comunicación política
En la misma línea, la propuesta busca modificar el acceso de los partidos políticos a radio y televisión con fines electorales, mediante tiempos oficiales del Estado y mensajes con duración de menos de un minuto.
En campaña, los partidos y candidatos independientes tendrían hasta 30 minutos diarios en radio y televisión.
Unificación de autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales
Otra de las propuestas incluye la disolución del Instituto Nacional Electoral (INE) y la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), órgano que se conformará de órganos temporales y auxiliares que concentren las operaciones para garantizar las funciones electorales.
A través de la reforma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absorbería las controversias electorales locales y los Tribunales Electorales de las entidades federativas desaparecerían.
Tanto el INEC como la Sala Superior del TEPJF se integrarían por voto directo de la ciudadanía por un periodo de seis años.
Las propuestas serían presentadas por la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el titular del Ejecutivo.
Reducción del Congreso de la Unión
La propuesta de reforma electoral de López Obrador también incluye la elección del Congreso de la Unión mediante un sistema de lista por entidad federativa.
De esta manera, la Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules y no por 500, como lo es actualmente. Por su parte, en el Senado habría 96 escaños, eliminando 32.
La lista de elección estaría integrada por personas nacidas en la entidad federativa o por residencia con antigüedad domiciliaria de un año; se deberá respetar la paridad de género.
Uso de tecnologías para emitir el voto
Uno de los grandes cambios que propone la reforma, tiene que ver con elevar a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto.
La iniciativa menciona que antes de implementar por completo una votación electrónica, se deberá ensayar con diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos, hasta lograr los mecanismos que brinden certeza.
Reducción de Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías
La iniciativa prevé establecer un criterio poblacional para la definición del número de representantes de cada Congreso local. Por lo que quedarían integrados por entre 15 y 45 diputaciones.
Serían 15 diputaciones cuando la entidad federativa tenga un millón de habitantes y por cada 500 mil se podría incrementar una diputación.
Respecto a los municipios y alcaldías en Ciudad de México, seguirían la misma lógica poblacional; una presidencia municipal, una sindicatura y un número variable de regidurías conforme al número de población, iniciando con una al tener población de 60 mil habitantes y hasta tres en municipios con una población de 60 mil a menos de 370 mil habitantes.
En la capital del país se utilizaría el mismo criterio para asignar concejal.
Difícil contexto político
A pesar de que este tipo de iniciativas constitucionales requieren de estudios más exhaustivos, con resultados de evaluaciones e instrumentos técnicos y especializados en la materia, que guíen de manera objetiva e informada el debate sobre el rumbo de una reforma político electoral, no debe perderse de vista el complejo contexto político para su discusión, el cual se encuentra enmarcado por las diversas reacciones de oposición en torno a ciertas iniciativas, como la político electoral promovida desde el Ejecutivo Federal, que podrían dificultar la creación de concesos para avanzar hacia la aprobación de una nueva reforma en esa materia.