Han pasado cuatro años de que habitantes de Magdalena Ocotlán, ubicado en valles centrales de Oaxaca, despertaron con el hallazgo de que el Río Coyote –que atraviesa el pueblo de oriente a poniente– tenía un lodo blanco que cubría las orillas. De él emanaba un olor penetrante, como azufre.
Y es que, en la madrugada de ese 7 de octubre de 2018, luego de una lluvia torrencial, la presa de jales de la minera Cuzcatlán S.A. de C.V. –que se ubica en San José del Progreso y es propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines– se derramó y contaminó, a lo largo de 5 km, el río que se conecta con el Río Atoyac y Río Verde.
Los habitantes denuncian que, hasta la actualidad, las autoridades estatales y federales no sólo no han dado solución, sino que el caso permanece impune dado que sólo hubo un “proceso de administración del conflicto”.
Acusan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pese a compromiso para atender la problemática, otorgó permiso ambiental a Cuzcatlán para extender sus actividades por 12 años.
“La promesa de atención resultó una burla”, señalan los denunciantes conformados por las comunidades afectadas, el municipio y núcleo agrario de San Pedro Apóstol, la Articulación por la Vida contra la Minera del Valle de Ocotlán, así como otras 24 organizaciones, pueblos aledaños y personas solidarias a la lucha.
El recuerdo: entre la omisión y promesas incumplidas
Luego del hallazgo que hicieron los campesinos, la empresa minera emprendió una campaña mediática a nivel local y estatal para negar el derrame, recuerdan las y los denunciantes.
Mientras tanto, el Comité de Agua Potable de Magdalena Ocotlán tomó acciones para evitar la propagación de la contaminación: suspendió el servicio de agua entubada hasta que autoridades dieran respuestas, pero hasta ahora ninguna autoridad local ha dado información clara sobre lo que ocurrió.
Fue una semana después que la empresa minera reconoció el derrame de jales – apilamientos de material molido que queda después de que los minerales han sido extraídos de las rocas que los contienen-, dijeron.
Los denunciantes expresaron que tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tuvieron interlocución con autoridades de San José del Progreso, pese a que la mayor afectación fue en Magdalena Ocotlán, a lo largo de 5 km, y cuyas aguas se estancaron en una ciénega, donde se ubica el pozo de agua que abastece a la comunidad.
Han pasado años de denuncias y los habitantes han obtenido información a cuentagotas y por medios alternativos, pero no de manera oficial; acusan que tanto Profepa como Conagua actuaron como aliadas de la empresa minera y no a favor de los derechos de las personas afectadas, su derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.
Por la contaminación la minera fue multada, pero no hubo remediación ambiental. En una entrevista que sostuvo Once Noticias, en el año 2021, con Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, dijo que Conagua les impuso una multa, pero fue por no tener la capacidad de bombeo adecuada para este tipo de lluvias que calificó como atípica.
De acuerdo con lo expresado por habitantes y pobladores zapotecos, así como al expediente EXP-ADMVO. No. PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL de Profepa, en sus resultados presentaron contradicciones.
Por un lado, Profepa avaló los estudios de suelo que realizó el laboratorio ABC Testing Services SA de CV, pagado por la empresa minera. Además, exoneró a la empresa, pese a que en sus propios resultados encontró la presencia de metales tóxicos como el talio, en niveles de 400 a 450% arriba de la norma oficial mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.
Por el otro, Conagua “despreció sus propios estudios de calidad del agua”, señalan los denunciantes. En estos estudios se encontraron que había presencia de metales tóxicos en el Río Coyote y que rebasaban normas oficiales NOM-001-COL-1996 y Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89. Algunos de estos elementos son: niquel, aluminio, manganeso, hierro y plomo.
Además, en 2019, en el municipio de San Pedro Apóstol se presentó mortandad de animales de corral –quienes beben agua de los Ríos–, peces, perros y gatos. Por esta situación, la empresa minera en entrevista con Once Noticias se deslindó y dijo desconocer la causa de la aparición de peces muertos, dado que la empresa no utiliza agua de pozos porque tienen un circuito cerrado.
Por las contradicciones y un proceso sin información clara y transparente, pobladores denunciaron ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una visita que hizo a Oaxaca.
Impunidad continúa y avanza con la contaminación
El asunto llegó a María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, quien se comprometió a tratarlo de forma directa, pero hasta la actualidad la problemática no ha sido resuelta, dado que el pasado 20 de diciembre de 2021, la empresa minera Cuzcatlán anunció la ampliación del proyecto Mina “San José II”, ubicada en los valles centrales, por 12 años.
Semarnat había negado la ampliación de ese proyecto minero, el 6 de julio de 2021. Más tarde, en noviembre de ese año, la secretaría había anunciado que se promovería una consulta indígena en las comunidades zapotecas de los valles centrales de Oaxaca, como parte del procedimiento de Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para ampliación del proyecto “San José II”.
Ante ese anunció, las autoridades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, además de la red Articulación por la Vida contra la minería del Valle de Ocotlán, rechazaron la consulta y cualquier actividad minera en la región, dado que atentaba contra su autodeterminación.
Pero no fue todo, en diciembre del año pasado, ante un silencio por parte de Semarnat, no se realizó la consulta –como tampoco se hizo cuando llegó este proyecto minero a la región– y Cuzcatlán anunció la extensión de “San José II”.
Posteriormente, en enero de este 2020, la Secretaría del Medio Ambiente dijo que la ampliación de la prórroga por 12 años derivó de un error tipográfico, ya que era de dos años y no de 12.
“Después de que Semarnat entregó el permiso ambiental […] cortó comunicación con la comunidad de San Pedro Apóstol y demás comunidades afectadas. Esto sólo demuestra la claudicación de esta dependencia a la minera canadiense y su complicidad ante los pueblos del valle”, expresaron quienes rechazan a la minera.
Exigencias a 4 cuatro años
Es así que más de 20 personas en lo individual, organizaciones y comunidades afectadas, exigen que Semarnat atienda de forma inmediata los acuerdos a los que se comprometió en el proceso de diálogo con las comunidades de San Pedro Apóstol y con la Articulación por la vida contra la minería del Valle de Ocotlán, conformada por personas que defienden sus territorios y pobladores afectados y afectadas.
Piden que se investigue a fondo a funcionarios de Profepa y Conagua que han actuado en beneficio de la empresa minera canadiense.
Denuncian omisión de la secretaria de Medio Ambiente, y de Daniel Quezada, ex titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia.
Resaltaron, además, que persiste un clima de hostigamiento y amenazas contra las autoridades de San Pedro Apóstol, así como hacia activistas y defensores de los territorios afectados, por parte de la empresa canadiense y también por funcionarios estatales y federales, así como de funcionarios de la Secretaría de Gobernación Estatal.
“No dejaremos de señalar que, aunque las instancias federales de protección al ambiente son totalmente inoperantes y corruptas, eso no exime a la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines de su responsabilidad y por consecuencia de ser responsable de cada uno de los daños ambientales y a la salud, así como a los asesinatos y agresiones a defensores del territorio del Valle de Ocotlán”, enfatizaron.