Ante la consulta ciudadana propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, vale la pena recordar algunas de las causas por las que se busca enjuiciar a cinco exmandatarios mexicanos.
Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, se concretó la privatización de los bancos. El entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, argumentó que el Gobierno se desprendía de la banca porque no se justificaba que el Estado poseyera esos cuantiosos recursos.
De acuerdo con especialistas, analistas, sectores empresariales de la época y la propia Bolsa Mexicana de Valores, los 18 bancos que eran propiedad del estado. El costo real nunca se supo.
Salinas de Gortari también remató las empresas del estado, entre ellas Teléfonos de México. El operador fue Pedro Aspe y uno de los beneficiados, Carlos Slim Helú. Analistas económicos aseguran que este fue el inicio del emporio creado por el empresario más rico de México y uno de los más poderosos del mundo.
Otros de los entes que también fueron privatizados por Salinas de Gortari: el Instituto Mexicano de la Televisión, que adquirió Ricardo Salinas Pliego; Fertilizantes Mexicanos, comprada por Alberto Bailleres; Altos Hornos de México, vendido a la familia Autrey; Banamex, adquirido por Roberto Hernández; y Banpaís, vendido a Ángel Isidoro Rodríguez.
En 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, con el objetivo de rescatar de su multimillonaria crisis interna a bancos y banqueros. El Gobierno de Ernesto Zedillo, 1994-2000, prestó oídos sordos para que los recursos que se le dieron a los banqueros se canalizaran directamente a los deudores para liquidar lo que debían. De esa forma. El costo total del Fobaproa fue del 14.5% del Producto Interno Bruto del país y aún se sigue pagando. En ese entonces el monto fue de 552 mil millones de pesos. Hoy se pagan intereses por 50 mil millones de pesos cada año, a esos mismos banqueros que fueron rescatados.
A Zedillo también se le considera responsable de la masacre de Acteal, al ser catalogada como un crimen de lesa humanidad, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Los autores materiales fueron grupos paramilitares que combatían al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Vicente Fox Quesada, 2000-2006, primer mandatario surgido de la oposición es señalado por traicionar a la democracia y apoyar abiertamente al candidato de su partido, Felipe Calderón, para sucederlo en la silla presidencial. Después de dejar el poder, el guanajuatense no tuvo ningún empacho en reconocer que hizo todo lo que estuvo a su alcance como presidente para ayudar a Calderón a ganar en 2006.
Para legitimar su llegada a la presidencia, Felipe Calderón, 2006-2012, declaró la guerra al narcotráfico, lo que provocó miles de víctimas colaterales. El panista es responsable de la peor crisis humanitaria por la que ha atravesado el país, incluyendo matanzas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
La reciente detención en Estados Unidos de quien fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, dejó al descubierto una alianza con el Cártel de Sinaloa para atacar y debilitar a sus rivales y darles facilidades para el trasiego de droga a Estados Unidos.
También hubo casos de corrupción como la estela de luz, la inexistente refinería bicentenario y el caso trasnacional Odebrecht.
A Enrique Peña Nieto, 2012-2018, se le pretende juzgar por actos de corrupción, como los moches millonarios que repartió entre legisladores de oposición para que aprobaran sus reformas estructurales, como la energética. El exdirector de Pemex, Emilio “L”, confesó que la planta inservible de Agronitrogenados se compró con un sobreprecio por órdenes de Peña Nieto y del entonces secretario de Hacienda, Luis “V”. Asimismo, recibieron sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de jugosos contratos.
Estas son solo algunas de las causas por las que se busca llevar a juicio a los cinco expresidentes de México.