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Continúa el Parlamento Abierto de la Reforma Electoral

Foto: captura de pantalla

Una reforma constitucional en materia electoral representa una oportunidad histórica para revisar, corregir y complementar este sistema, señalaron especialistas en la materia durante el Parlamento Abierto de la Reforma Electoral.

El tema fue “Sistema de fiscalización de las campañas electorales”.

Consideraron necesario homologar el marco legal en materia de sanciones, ya que existe un alto grado de discrecionalidad por parte del INE y sus tribunales al momento de dictar resoluciones.

“Todo el régimen sancionador tiene que ser de aplicación estricta, no puede aplicarse en teorías garantistas cuando se está hablando de imponer sanciones y el INE pues que le ponga creatividad y que deje previamente las reglas del juego previamente establecidas”, dijo Marco Antonio Gómez Alcántar, exconsejero Electoral, INE.

“Creo que debe haber reglas claras, es un tema que creo que ahorita con esta mesa es muy apropiado, muy ad hoc el llevar a cabo este tema de la fiscalización, creo que es un tema que ha sido muy complejo”, señaló Gilberto Pablo de Hoyos, presidente del Consejo Directivo AMFE.

Legisladores respaldaron la postura de los analistas

“No pueden seguir aplicando un criterio para unas personas y otro criterio para otras. Los consejeros electorales no pueden seguir resolviendo con el estómago”, comentó Amairany Peña, diputada de Morena.

Se analizó la viabilidad de tener un solo marco jurídico electoral nacional, aunque no necesariamente que desaparezcan los órganos estatales.

“Una de las situaciones que sí considero que puede trastocar el federalismo, es el hecho de que el constituyente permanente les diga a las entidades cómo deben organizarse internamente ¿A qué me refiero? Cuantos diputados debes tener y como debes elegirlos”, señaló Marco Antonio Reyes, asesor del Consejo General del INE.

Se propuso que, para mantener vivos a los órganos electorales, que funcionen solo en los años de elecciones en las entidades y no representen una carga en el gasto público.

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