El viernes 15 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) exhoneraba al General Cienfuegos, al mismo tiempo que condenaba a prisión preventiva a Kenia Hernández, una defensora de derechos indígenas y ambientales.
Once Noticias habló con Antonio Lara, el abogado de Kenia Hernández, para recibir detalles del caso en el que Caminos y Puentes Federales (órgano dependiente de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes, SCT) acusa a la activista por liberar el cobro de casetas en carreteras privadas.
El delito que le imputan es el ataque a las vías de comunicación y no es un delito grave’’, aseguró el abogado.
Por lo tanto, no necesita prisión preventiva. De acuerdo con el video de la audiencia, la Fiscalía General de la República dijo que ‘Kenia debe estar en prisión porque ha protestado en muchos estados y eso es un peligro para la comunidad’.
Ese argumento, señala el abogado, “es jurídicamente una ofensa a la inteligencia”.
El derecho internacional dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces nadie debería estar en la cárcel hasta que se le compruebe culpable. “Pero en este país surrealista parece que es mejor que las personas se queden en la cárcel y luego ven si son inocentes”, agrega el abogado Antonio Lara.
Kenia ha participado en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, en la lucha por la igualdad de género en país, por la defensa del territorio y el agua de comunidades indígenas en diferentes estados. Era una mujer políticamente activa hasta que fue privada de su libertad bajo la causa penal 322/2020 y ahora permanece recluida en la cárcel de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social Femenil Nº 16 en Coatlán del Río, Morelos.
En su condición de mujer pedimos que se le juzgara con perspectiva de género y el juez José Miguel López Rodríguez respondió ‘En Kenia no aplica la perspectiva de género porque ella no es una mujer sumisa’. Y entonces la FGR quiere condenarla a cinco años y cinco meses de prisión. Porque sí es una pena mayor a cinco años ya no alcanza fianza”, explica el abogado Antonio Lara.
En septiembre del 2019 inició una campaña de desprestigio contra los manifestantes que liberaban las casetas de cobro, el argumento fue que afectaba a la economía del erario público al no recibir ese impuesto. Sin embargo, el abogado aseguró que sus investigaciones muestran que del dinero de la autopistas privadas sólo el 1% es para el Gobierno Mexicano, el resto es para las empresas concesionadas a estas carreteras.
En el terreno jurídico, Kenia no tiene porque estar en prisión. Lo que la mantiene ahí es la presión de la asociación de concesionarios de autopistas privadas en México. Parece que la FGR está respondiendo a los mandatos de esos privados que tienen el cinismo de decir que se le roba al país con las protestas, cuando ellos aportan sólo el 1% del dinero de esas autopistas”, afirmó el abogado Antonio Lara.
La única oferta jurídica que ofrecieron a Kenia es el procedimiento abreviado, donde se tendría que declarar culpable de un delito que no cometió. La respuesta de la activista fue un rotundo no.
Y el punto de Kenia es muy claro, si ella se declara culpable de delitos que no cometió, se abre un precedente terrible para los defensores en este país y para cualquier manifestación pública y pacifica que afecte los intereses de privados” concluyó el abogado Antonio Lara.