México cuenta con un marco jurídico anticorrupción amplio y armonizada casi en sus 32 entidades; sin embargo, su mayor obstáculos es que estas leyes no son cumplidas ni aplicada debido a una falta de especificidad, claridad, definición, efectividad y compromiso por parte de las autoridades, lo que tiene como resultado que la anticorrupción no sea una realidad en este país.
Así lo afirmó el estudio “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020” desarrollado por Cyrus R. Vance Center For International Justice en ocho países: Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y otros, con el fin de estudiar los esfuerzos legislativos y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción, desde seis aspectos:
- Corrupción en el sector público y privado
- Mecanismos de denuncia y protección
- Autoridades especializadas
- Mecanismos de coordinación institucional
- Participación de la sociedad civil
- Transparencia y acceso a la información
El estudio detalla que México posee políticas anticorrupción que contemplan: estándares o códigos de conducta para un desempeño adecuado de la función pública, políticas y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de intereses; políticas sobre obligaciones, y políticas de capacitación a funcionarios públicos en medidas anticorrupción, pero nada de esto ha sido suficiente para obtener una avance hacia la anticorrupción.
Lo anterior sucede, explica el estudio, porque las autoridades hacen uso de las lagunas dentro de las leyes para llevar a cabo acciones de corrupción, como recibir regalos, no informar sus intereses ni bienes patrimoniales.
Estas problemáticas se suman a que las autoridades no son independientes de las influencias políticas y poseen una baja capacidad institucional, lo que permite la prevalencia de la corrupción y afecta, en particular, a personas en situación de pobreza, vulnerables o en migración.
Empresas y faltas administrativas
En cuanto en el sector privado, menciona el estudio, las empresas sí tienen limitaciones para contratar exfuncionarios públicos, pero éstas llegan a incurrir en faltas administrativas para así contratar personas que hayan sido servidores públicos, que poseen información privilegiada que adquirió con motivo de su función.
“Además de ello, las empresas no llevan a cabo los programas de cumplimiento y políticas anticorrupción dentro de sus instalaciones. Estas actos pueden ser denunciados por medio de la vía administrativa como en la penal, que considera son accesibles para la ciudadanía y servidores públicos”, señala el texto.
Para ello, explica, la o el denunciante puede hacer uso de Los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción para así obtener medidas de protección, tales como apoyo psicológico o legal y no ser sujeto a sanciones o represalias.
No obstante, añade, éste es insuficiente y debería operar a nivel nacional en la realidad.
“No existe en México la previsión de compensaciones económicas por la realización de reporte o alerta, ni por la recuperación de activos del Estado como consecuencia de las denuncias o alertas de ciudadanos”, describe el estudio.
Autoridades inexistentes
Asimismo, el estudio reitera que las autoridades anticorrupción no tienen la independencia material ni la capacidad necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente a pesar de ser una de las banderas que busca la administración actual, bajo el mando del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que es necesario más voluntad política en este aspecto.
Las autoridades competentes para combatir la corrupción son:
Además, el análisis menciona su preocupación por la falta de nombramiento de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Participación de la sociedad
“La sociedad civil tuvo un papel fundamental en la configuración de la legislación anticorrupción que existe hoy en día. La legislación incluye mecanismos de participación para la ciudadanía, academia u otros actores no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción”, indica el documento.
Pese a ello, revela, estos espacios son cerrados, incluso el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República (FGR).
Debido a ello, existe un desinterés legítimo colectivo sobre este aspecto, que se añade a la falta de transparencia por parte de las autoridades. Por ejemplo, se desconoce quiénes son los beneficiarios finales en procesos de contratación pública, funcionarios y empresas sancionadas, y contratación pública.
Recomendaciones
Ante este panorama, Cyrus R. Vance Center For International Justice sugiere a México impulsar legislación y regulaciones en materia de protección a denunciantes y alertadores; emprender iniciativas para la promoción de mecanismos para el fortalecimiento de instituciones que permitan blindar en contra de injerencias políticas; apoyar los esfuerzos de las organizaciones civiles para clarificar la regulación respecto al interés legítimo colectivo, y promover legislación y regulaciones para establecer registros de beneficiarios finales conforme a los estándares.