La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo en pausa la resolución del amparo en revisión 269/2025 sobre el desplazamiento forzado de personas, previsto para abordarse en la sesión de este martes.
Por tercera ocasión, el asunto quedó en lista, luego de que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), promovente del recurso de amparo, hiciera un llamado al Pleno de la Corte a no aprobar el proyecto de la ministra María Estela Ríos González.
La Corte examinará si existe una omisión legislativa y administrativa para regular adecuadamente el desplazamiento forzado interno a nivel nacional y qué alcance tienen las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El proyecto de la ministra ponente reconoce la existencia del problema; sin embargo, sostiene que no existe una obligación constitucional que imponga al Congreso de la Unión a legislar en la materia.
De ser aprobado en estos términos, la Corte cerraría la puerta a las víctimas de desplazamiento forzado en el país que se cuentan por cientos de miles, afirmó el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Lo que está en juego va más allá.
“Sin una ley federal, una institución responsable y un presupuesto específico, las personas desplazadas carecen de un sistema nacional que garantice su reconocimiento”, señaló la organización civil.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), unas 262 mil personas en México han abandonado su entidad o municipio entre 2015 y 2020 debido a la violencia e inseguridad delictiva. Eso se traduce en desplazamiento forzado.