La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el visto bueno a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, avalando que su legislación cumplió con los estándares constitucionales y no transgrede el principio de eficiencia administrativa.
El Pleno de la Corte determinó que el procedimiento legislativo que dio origen a la reforma, se ajustó a los estándares constitucionales de legalidad y a los principios democráticos, lo que incluyó una deliberación parlamentaria pública, la correcta aplicación de las reglas de votación y un desarrollo legislativo transparente, capaz de asegurar la participación ciudadana y el escrutinio democrático.
“Las reformas orientadas a que la Secretaría de la Función Pública -actualmente, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno- agilice los procesos administrativos mediante nuevas atribuciones al titular de la Unidad de Administración y Finanzas, no vulneran el principio de eficiencia administrativa”, anunció en comunicado.
Agregó que el permitir que dicha unidad nombre personas funcionarias para apoyar el manejo de recursos, no infringe la obligación constitucional de las personas servidoras públicas de actuar con eficacia, ni se obstaculiza el cumplimiento del principio de eficiencia.
Finalmente, reconoció la validez de los artículos tercero y cuarto transitorios, dado que no fueron combatidos de manera específica.
Los plazos establecidos en dichas disposiciones, relacionados con la adecuación de los reglamentos internos, la reorganización de los órganos internos de control y la transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Secretaría de la Función Pública (SFP), se consideraron válidas.