La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo histórico al sentenciar al Estado mexicano por el caso Daniel García-Reyes Alpízar, acusados por el homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Pérez Tamez, ocurrido en 2001.
El máximo tribunal con sede en San José, Costa Rica, encontró responsable a México por violar la libertad personal y la presunción de inocencia, debido a la desmedida aplicación del arraigo y prisión preventiva oficiosa que duró más de 17 años, en contra de Reyes y Daniel.
Esto deriva en obligaciones y medidas que deberá adoptar el Estado mexicano, entre ellas eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en nuestro país; tiene seis meses para la publicación de la sentencia y deberá pagar la reparación económica por los daños causados a las víctimas y sus familias.
“Me siento muy feliz y satisfecho. Sé que hoy me creyeron, hoy confiaron en mí. Tuvo que ser una instancia internacional la que vino a poner orden y me creyó, lejos de que en mi país, las instancias que están para la defensa de la justicia, los que la procuran siempre se burlaron de mí”, expresó Reyes Alpízar, en entrevista con Once Noticias.
En ese mismo sentido, Daniel destacó que la justicia, que se encontró en un Tribunal Internacional, ahora será México, quien deberá hacerla valer para beneficio de la ciudadanía.
El Gobierno mexicano informó que analizará la sentencia para cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
17 años que dejan huella
Reyes Alpízar y Daniel García fueron detenidos de forma arbitraria, ilegal y sometidos a tortura. No sólo cambió su vida, sino también las de sus familias.
Para Reyes esos daños no sólo se expresan en las marcas físicas sobre su cuerpo, sino que nada le devolverá a su madre y a su hermano, quienes fallecieron mientras él estaba privado de su libertad, y que lucharon junto a sus hijas y esposa, por su libertad.
Fueron 17 años en prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que ha estado presente en la agenda política y que se contempla en el Artículo 19 constitucional.
Oportunidad histórica para atender prisión preventiva oficiosa
La sentencia que dio la Corte IDH busca sentar un precedente para que se reforme esa medida, porque viola los derechos humanos de las personas: la presunción de inocencia, la libertad personal y es una medida discriminatoria.
“Estamos teniendo una decisión de la Corte Interamericana que ordena una reforma constitucional con una disposición que viola derechos humanos en México”, expresó el abogado Simón Hernández, en conversación con Once Noticias.
Y es que la prisión preventiva oficiosa fue establecida en la Constitución en el año 2008, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, en el marco de una política de “Guerra contra el narco”.
La herramienta judicial que se dispuso, para detener a las personas y encarcelarlas, persiste a pesar que, de acuerdo a la Convención Americana, se ha utilizado de manera desmedida.
“Es una oportunidad para el Estado mexicano para revisar el marco normativo que se tiene y revisar disposiciones constitucionales que se han venido utilizando, pero sobre todo para revisar de forma consciente sin politización, realista, la medida de la prisión preventiva”, explicó el abogado David Peña al destacar que el mecanismo debe ser justificado, razonado, valorado por jueces y analizar caso por caso.
Una reforma a la prisión preventiva, de acuerdo a la defensa, no implica libertad inmediata para todas las personas privadas de la libertad, sino que abre la posibilidad de que un juez revise sus casos de forma individual.
¿Qué sigue?
Reyes fue absuelto del caso con la sentencia de la Corte IDH; no así Daniel, cuya sentencia fue rectificada a 35 años por el Poder Judicial del Estado de México, aunque incumplieron las reglas de la instancia internacional, dado que no podían ejercer represalias en contra de víctimas.
Daniel aún lleva consigo, en su tobillo, el brazalete electrónico que le fue colocado al salir del penal en 2019, lo que limita su movilidad; aunque espera se le retire en las próximas horas.
Reyes y Daniel buscarán que el Estado mexicano emita una disculpa pública y el caso se asuma con la seriedad y necesidad de la justicia penal del país.